Discutir la rendición de cuentas

Las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) desempeñan un papel cada vez más importante en la formulación de políticas. Si bien estas organizaciones representan los intereses de diversos grupos de la sociedad, el papel más significativo que desempeñan respecto a la formulación de políticas plantea múltiples desafíos, sobre todo en lo que respecta a su rendición de cuentas.

El documento conceptual que y se ha distribuido tiene como objetivo iniciar la discusión sobre la responsabilidad de las organizaciones de la sociedad civil. El documento es integral y trata de forma apropiada las cuestiones principales sobre el tema. Sin embargo, es importante señalar que las organizaciones de la sociedad civil de la región árabe enfrentan una serie de desafíos adicionales que afectan su responsabilidad. En esta breve reflexión deseo abordar tres de estos desafíos:

1- La naturaleza de los Estados en la mayoría de los países árabes es autoritaria. El Estado limita el espacio de las organizaciones de la sociedad civil y las priva de algunos de los derechos fundamentales, incluido el derecho a existir de manera independiente.

Es evidente que la libertad de asociación es muy restringida y limitada, sobre todo en relación con determinados tipos de asociaciones. No obstante, a las organizaciones relacionadas con la beneficencia, la filantropía y las cuestiones sociales por lo general se les permite realizar su trabajo. Además, la libertad de expresión y el derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas están muy restringidos. Por consiguiente, las organizaciones de la sociedad civil de la región están limitadas a los proveedores de servicios que no tienen injerencia en las políticas públicas ni en los procesos de formulación de políticas.

En resumen, a las organizaciones de la sociedad civil que se les permite existir y realizar sus operaciones son las que prestan servicios y las que tienen una mayor afiliación política con el gobierno

No obstante, hay algunas organizaciones de la sociedad civil que tratan de expresar opiniones y perspectivas diferentes, así como de luchar por la defensa de los derechos humanos o de otros derechos específicos. Estas organizaciones por lo general realizan sus operaciones de manera indirecta o desde el extranjero. Si bien es cierto que estas organizaciones tienden a ocultar sus intenciones de procurar cambios políticos, esta estrategia puede de hecho producir cambios en este ámbito a largo plazo en el sentido de que se pueden llegar a obtener beneficios graduales y cada vez mayores. Sin embargo, a muchas de estas organizaciones se les señala el hecho de estar afiliadas a “agendas extranjeras” y se les cuestiona en gran medida su legitimidad debido a las connotaciones negativas asociadas con tales afiliaciones.

En efecto, el Oriente Medio enfrenta una serie de desafíos extranjeros que difieren de los desafíos clásicos o tradicionales y que suelen estar relacionados con el fenómeno de la globalización. Los habitantes de la región están luchando contra las tendencias hegemónicas de las potencias mundiales que pretenden controlar los recursos naturales de forma directa y por medio de intervenciones extranjeras, sobre todo el gas y el petróleo. Estas intervenciones tienen varias dimensiones, entre ellas la dimensión política, económica, social, cultural e incluso militar. Las ocupaciones extranjeras se deben analizar desde esta última perspectiva, ya que éstas contribuyen de manera significativa a la desestabilización de la región, al aumento de las tensiones y al deterioro de todo el contexto geopolítico.

Un aspecto que genera mayores desafíos para las organizaciones de la sociedad civil es cuando se percibe que estas organizaciones han adoptado una agenda extranjera por estar ubicadas en el exterior o por recibir apoyo extranjero. Por una parte, esta situación afecta de forma directa la credibilidad de las organizaciones entre los ciudadanos, y por otra parte, contribuye a infundir entre los ciudadanos la percepción de que tales organizaciones apoyan el programa de trabajo del gobierno.

Esta conclusión nos conduce al segundo punto que está relacionado con las fuentes de financiamiento.

2- La mayoría de las donaciones en la región se encuentran dentro del ámbito de la beneficencia (Zakat y Khoms), lo cual significa que sus beneficiarios son a menudo organizaciones proveedoras de servicios. Los beneficiarios pueden ser del sector filantrópico, de organizaciones fundamentadas en la fe, o simplemente del sector tradicional.

Es evidente que estas organizaciones de la sociedad civil no propugnan el cambio de políticas. Por lo tanto, a las organizaciones defensoras de intereses les resulta difícil obtener fondos de los donantes locales. De forma alternativa, estas organizaciones reciben financiamiento de otros donantes, sobre todo extranjeros. Por consiguiente, los gobiernos y los ciudadanos reprueban el hecho de que sus acciones giren en torno a agendas extranjeras, en particular la agenda de sus propios donantes.

El comportamiento de los donantes justifica esta percepción, sobre todo porque éstos a menudo imponen a las organizaciones la condicionalidad respecto a las políticas. Asimismo, los donantes extranjeros con frecuencia imponen sus prioridades y su propio programa de trabajo según lo que ellos consideran más relevante. En efecto, estos programas de trabajo no necesariamente satisfacen necesidades reales ni responden a los verdaderos desafíos ni a las prioridades locales.

Por lo tanto, la percepción que tienen los grupos de interés locales de las organizaciones de la sociedad civil está afectando en gran medida la credibilidad de las mismas.

3- La mayoría de las organizaciones de la sociedad civil de la región carecen de experiencia significativa. Esta situación se debe en parte a la falta de libertad, y por lo tanto, al limitado espacio que tienen para asegurar su existencia independiente, lo cual les impide acumular experiencia en su ámbito de acción. Sin embargo, esta situación también se debe a la naturaleza clásica y tradicional de las propias organizaciones. Como se mencionó anteriormente, cabe señalar que la mayoría de las organizaciones de la sociedad civil son proveedores de servicios que se desempeñan principalmente en el ámbito de la beneficencia, la filantropía y el voluntariado, lo cual significa que por lo general carecen de una estructura institucional desarrollada y pertinente. Su gestión interna depende en esencia de la buena disposición y de la intención de servir a la sociedad y de beneficiar a las personas más necesitadas. Asimismo, estas organizaciones a menudo son dirigidas por figuras públicas y líderes comunitarios, lo cual constituye uno de los factores que más contribuyen a socavar el papel que desempeñan estas organizaciones en la sociedad. Sin embargo, las buenas intenciones no generan los criterios ni las condiciones necesarias para promover el desarrollo adecuado de la capacidad institucional ni para fomentar la buena gobernanza basada en la transparencia, la responsabilidad y la rendición de cuentas.

Más importante aún es el hecho de que estos modelos de organizaciones de la sociedad civil a menudo carecen de una visión y misión propias. Cuando se prestan servicios sin procurar cambios en las políticas públicas no se remedian las causas primordiales de los problemas, sino que tan solo se consideran sus consecuencias. Estas limitaciones afectan la credibilidad y la rendición de cuentas de las organizaciones.

Las tres observaciones anteriores contribuyen a infundir la percepción en la sociedad de que las OSC carecen de legitimidad respecto a uno de los principios fundamentales de la responsabilidad, como lo es la “participación”. No obstante, esta percepción puede plantear un desafío para las organizaciones de la sociedad civil de manera que éstas reaccionen y procuren cambiar esta percepción. En medio de esta realidad, las OSC deben aumentar y mejorar las herramientas que les permita realizar procesos más amplios de consulta con sus grupos de interés y continuar luchando por tener una perspectiva autónoma y convincente, lo cual contribuiría a recuperar su autonomía y a restablecer su credibilidad.

Por consiguiente, es esencial que las organizaciones de la sociedad civil respeten los principios de la buena gobernanza, la transparencia, la autoevaluación periódica y la consulta permanente para cumplir con la rendición de cuentas y asegurar su legitimidad y credibilidad.

Asimismo, la mayoría de los regímenes de la región son muy restrictivos. Cuando deciden brindar el espacio a unas cuantas organizaciones de su propia elección, los regímenes no sólo conocen muy bien a esas organizaciones, sino que limitan la cantidad de organizaciones y les permiten actuar de una manera muy restringida y controlada. Esto significa que los gobiernos a veces inventan nuevos mecanismos para limitar la libertad y la independencia de las organizaciones de la sociedad civil, lo cual pone a estas organizaciones y a otros miembros de la sociedad civil en una situación de vulnerabilidad.

Por consiguiente, la adopción del código de ética o de conducta respectivo puede ser utilizada como medio para ejercer más presión sobre las organizaciones de la sociedad civil e imponerles más restricciones. No obstante, esta situación no significa que debamos rechazar del todo estas importantes herramientas, pero sí debe hacernos reflexionar para confirmar el hecho de que, cuando existan tales instrumentos, éstos no sean utilizados por los gobiernos como medios para restringir aún más la capacidad que tengan las organizaciones de la sociedad civil para actuar con plena libertad.

Todo parece indicar que no existe credibilidad en las organizaciones de la sociedad civil, lo cual pone en evidencia la ingente necesidad de procurar una mayor transparencia y rendición de cuentas. Las organizaciones deben reducir los riesgos y protegerse cada vez más por medio de la aplicación de buenas prácticas.

Asimismo, los organismos donantes deben respetar la independencia de las OSC locales, para lo cual deben promover las relaciones basadas en los principios fundamentales de asociación y en la igualdad de oportunidades. Si bien los donantes deben realizar auditorías para determinar la forma en que se invierten sus fondos, esto no significa que tengan derecho a interferir en la definición de los objetivos y las estrategias de las organizaciones.

Hay muchos ejemplos específicos que revelan la tendencia que tienen los donantes a intervenir en la labor de las organizaciones de la sociedad civil. Por lo tanto, resulta siempre conveniente revisar los principios, la visión y la misión de las organizaciones y velar por que éstos no se vean afectados de manera negativa por la interferencia de los donantes de manera que las organizaciones puedan satisfacer las necesidades locales con mayor eficacia.

The increasing role of Civil Society Organizations (CSOs) in affecting policy making, whilst representing the interests of various groups in society, raises many challenges, particularly with regards to their accountability.

The approach paper, already distributed, was aimed at launching the debate on CSO accountability; it is comprehensive and correctly tackles the core issues. Nevertheless, it is worth noting that CSOs in the Arab region face many additional challenges that affect their accountability. In this quick reflection, I would like to raise three of them:

1- The nature of the state in most of the Arab countries is authoritarian. It limits the space that CSOs have, and deprives them of some of their basic rights including the right to exist independently.

It is obvious that freedom of association is very restricted and highly limited, especially in relation to particular kinds of associations. Nonetheless, associations dealing with charity, philanthropy and social issues are generally allowed to carry out their work. Moreover, freedom of expression and the right to organize peaceful meetings and assemblies are strongly restricted.

Consequently CSOs in the region are limited to service providers that do not affect public policies and policy making processes.

In short, the CSOs which are allowed to exist and operate, are those which provide services and are mostly politically affiliated with the government.

Some CSOs express different views and perspectives and tend to struggle for the defense of Human Rights or of other specific rights. These CSOs generally operate from abroad or in an indirect way. They tend to hide their intentions for political change, however this strategy in fact, can potentially lead to some political changes in the long run, in that there will be a gradual and incremental benefit acquired. Many of these organizations however, are accused of being affiliated with a “foreign agenda”, and their legitimacy is highly contested because of the negative connotations associated with such affiliations.

In fact, the Middle East faces foreign challenges, different to the traditional and classical ones which are usually related to the phenomenon of globalization. People of the region are struggling against the hegemonic tendencies of the global powers which aim to directly control natural resources, particularly oil and gas, through foreign interventions. These interventions are made up of different elements, including political, economic, social, cultural and even military. Foreign occupations should be perceived in light of the latter perspective, in that they play a major role in destabilizing the region, increasing tension and deteriorating the whole geopolitical context.

What creates further challenges for CSOs, is when they are perceived as adopting a foreign agenda, if they are based abroad or with foreign support. This directly affects their credibility amongst the citizens, on the one hand, and perceived to be promoting the governments’ agenda on the other.

This conclusion leads to the second point which is related to the sources of funding.

2- Most of the donations in the region fall within the framework of Charity (Zakat and Khoms) which means that their beneficiaries are often service provider organizations. They can be from the philanthropy sector or faith based organizations or simply from the traditional sector.

Obviously, these CSO don’t advocate for policy change. Thus advocacy organizations find it difficult to receive funds from local donors. They alternatively receive funding from other donors, mainly foreigners. As a result, they are accused by the governments and the citizens of following a foreign agenda, and more specifically the agenda of their donors.

The donors’ behavior justify this impression particularly, by imposing policy conditionality. Moreover, foreign donors often impose their priorities and their own agenda according to what they believe is most relevant. In fact these agendas do not necessarily meet real needs and do not respond to genuine challenges nor to local priorities either.

Accordingly, this impression is highly affecting the credibility of CSOs, in terms of how they are perceived by their local constituencies.

3- The majority of the CSO in the region lack of a relevant experience. This is partially due to the lack of freedom thus the limited space to exist independently, which is preventing them from accumulating experiences. But it is also because of the traditional and classical nature of the organizations. It is worth noting, and like it was mentioned above, most of the CSOs are service providers basically working in charity, philanthropy and based on voluntarism. Consequently they usually lack of a developed and relevant institutional structure. Their internal governance essentially depends from the good willingness and the intention to serve the society and mainly to target those who are the most in need. They are generally headed by public figures and community leaders. This is one of the very important factors behind the weakened role of CSOs. However, good intentions are not sufficient conditions and criteria for the adoption of adequate institutional building and the good governance based on transparency, accountability and responsibility.

Most importantly, these models of CSO usually lack of proper vision and mission. Yet, the provision of services without intending to introduce public policy changes will not address the root causes of the problem, but it will only deal with their results. These limitations affect their credibility and accountability.

The three aforementioned observations generate the perception that CSOs are not legitimate, as to one of the basic principles of accountability, which is “participation”. However this can be a factor that challenges CSOs to react in order to modify this perception. While facing this reality, CSOs have to increase and improve the tools which allow for the widening of consultations with their constituencies whilst maintaining the struggle for their autonomous and convincing positions. This empowers them and facilitates the re-establishment of their credibility.

Accordingly, respecting the principles of good governance, transparency, periodic self evaluation and permanent consultation are very important steps for t CSOs’ accountability in addition to their legitimacy and credibility.

In addition, most of the regimes in the region are very restrictive. When they do provide space for those very select few organizations, which are not only well known to those regimes but limited to a certain and defined number, they are only allowed to operate in a restrictive and controlled way. This means that inventing new tools that might limit CSOs’ freedom and independence might be used by governments to restrict these CSOs and therefore places those and other members of Civil Society in vulnerable positions.

Consequently the adoption of the code of ethics or the code of conduct can be a tool to exert more pressure and restrictions on CSOs. This should not push us to reject these important tools, but this should lead us to confirm that when they exist they should not be used by the governments as tools to further constrict the ability of CSOs to operate freely.

CSO credibility is apparently lacking and thus underlines the need for greater accountability and transparency. They have to reduce risks and increasingly protect themselves by following good practices.

Moreover, donor agencies must respect the independence of domestic CSOs; hence they have to promote relations based on the core principles of partnership and equal opportunities. They have to audit, in order to track the way in which their money is being spent and used. However this should not allow them to interfere in defining the objectives and the strategies.

Some specific examples indicate the tendency of the donors to interfere, thus it is relevant to always revise the principles, visions and missions, whilst ensuring that they are not negatively affected by any interference by the donors’ so that they respond better to local needs.

Les organisations de la société civile (OSC) influent de manière croissante sur l’élaboration des politiques. Si ce phénomène permet de représenter les intérêts de divers groupes dans la société, cela soulève néanmoins de nombreux défis, notamment en ce qui concerne la redevabilité de ces OSC.

Le document d’orientation, qui a déjà été diffusé, visait à ouvrir un débat sur la redevabilité des OSC ; ce texte est exhaustif et aborde de manière adéquate les questions-clés de ce problème. Il convient cependant de noter que, dans le monde arabe, les OSC sont confrontées à des difficultés supplémentaires qui affectent leur redevabilité. Je voudrais, dans cette courte contribution, soulever trois de ces difficultés :

1- Dans la plupart des pays arabes, l’État est autoritaire. Il restreint l’espace dont bénéficient les OSC et prive celles-ci de certains de leurs droits essentiels, y compris le droit d’exister de manière indépendante.

Il est évident que la liberté d’association est fortement restreinte et très limitée, en particulier en ce qui concerne certains types d’associations. Cependant, des associations caritatives, philanthropiques ou travaillant dans le secteur social sont généralement autorisées à mener leur action. De plus, la liberté d’expression et le droit d’organiser des rencontres et des réunions pacifiques sont fortement restreints. Par conséquent, les OSC travaillant dans cette région se cantonnent à la fourniture de services, ce qui n’influe pas sur les politiques publiques et sur les processus d’élaboration des politiques.

En d’autres termes, les OSC qui sont autorisées à exister et à mener des activités sont celles qui fournissent des services et elles sont, pour la plupart, affiliées politiquement au gouvernement.

Certaines OSC expriment des opinions et des points de vue différents et cherchent à lutter pour la défense des droits humains ou d’autres droits spécifiques. Ces OSC opèrent généralement depuis l’étranger ou de manière indirecte. Elles ont tendance à ne pas afficher explicitement leur volonté d’œuvrer en faveur d’un changement politique. Malgré cela, cette stratégie peut permettre d’obtenir certains changements politiques sur le long terme dans la mesure où elle peut parvenir à favoriser des changements positifs graduels qui peuvent progressivement constituer un acquis. Un grand nombre de ces organisations sont, cependant, accusées de servir un « agenda étranger » et leur légitimité est fortement contestée en raison des connotations négatives liées à ce type d’affiliations.

En fait, le Moyen-Orient est une région qui est la cible d’intérêts étrangers et ces défis ne sont pas de même nature que les répercussions traditionnelles et classiques, qui sont généralement associés au phénomène de la mondialisation. Les populations de cette région luttent contre les tendances hégémoniques des puissances mondiales qui cherchent à prendre le contrôle direct des ressources naturelles, notamment le pétrole et le gaz, via des interventions étrangères. Ces interventions prennent différentes formes et peuvent notamment être de nature politique, économique, sociale, culturelle et même militaire. Les occupations étrangères devraient être envisagées en ce sens, dans la mesure où elles jouent un rôle majeur dans la déstabilisation de la région en contribuant à accroître les tensions et à détériorer le contexte géopolitique dans son ensemble.

Les OSC sont confrontées à des difficultés supplémentaires lorsqu’elles sont perçues comme adoptant un agenda étranger parce qu’elles sont basées à l’étranger ou qu’elles bénéficient d’un soutien venant de l’étranger. Cela porte directement atteinte à leur crédibilité aux yeux des citoyens d’une part, et contribue, d’autre part, à ce qu’elles soient perçues comme défendant des agendas gouvernementaux.

Cette conclusion nous conduit à notre deuxième point qui est lié aux sources de financement des OSC.

2- La plupart des dons effectués dans la région le sont dans le cadre d’activités caritatives (Zakat et Khoms) ce qui signifie que les bénéficiaires de ces sommes sont souvent des organisations qui fournissent des services. Ces organisations peuvent être de nature philanthropique ou religieuse ou provenir simplement du secteur traditionnel.

Ces OSC ne mènent évidemment pas d’activités de plaidoyer en faveur de changements politiques. Il est donc difficile pour les organisations de plaidoyer de trouver des financements auprès de bailleurs locaux. Elles doivent donc recueillir des financements auprès d’autres bailleurs de fonds, principalement étrangers. Par conséquent, ces organisations sont accusées par les gouvernements et les citoyens de suivre un agenda étranger et plus spécifiquement l’agenda des bailleurs.

Le comportement des bailleurs justifie cette impression, notamment parce qu’ils imposent une politique de conditionnalité. De plus, les bailleurs de fonds étrangers imposent souvent les priorités et l’agenda qu’elles estiment être les plus appropriés. En réalité, ces agendas ne correspondent pas nécessairement aux besoins réels et ne répondent pas non plus aux vraies difficultés ni aux priorités locales.

De ce fait, cette impression affecte grandement la crédibilité des OSC et la manière dont elles sont perçues au niveau local.

3- La majorité des OSC dans la région ne disposent pas d’une expérience appropriée. Cela s’explique en partie par le manque de liberté et le caractère limité de l’espace dans lequel elles peuvent agir de manière indépendante, ce qui les empêche de bâtir un acquis. Mais cette situation s’explique également par la nature traditionnelle et classique de ces organisations. Il convient de noter, comme il a été mentionné plus haut, que la plupart des OSC fournissent des services et travaillent généralement de manière bénévole dans le domaine caritatif et philanthropique. Par conséquent, elles ne disposent en général pas d’une structure suffisamment développée et adéquate. Leur gouvernance interne repose pour l’essentiel sur leur bonne volonté et leur désir de travailler au service de la société, et principalement de venir en aide aux plus démunis. Elles sont en général dirigées par des personnalités ou des responsables locaux. C’est l’un des facteurs les plus importants de l’affaiblissement du rôle joué par les OSC. En effet, les bonnes intentions ne constituent pas des conditions et des critères suffisants pour fonder adéquatement des institutions et une bonne gouvernance basées sur la transparence, la redevabilité et la responsabilité.

Surtout, ces types d’OSC n’ont en général pas de vision et de mission adéquates. Or, le fait de fournir des services sans avoir pour objectif d’amener à une modification des politiques publiques ne permet pas d’agir sur les causes profondes du problème, car cela n’en traite que les effets. Ces limites ont des répercussions sur la crédibilité et la redevabilité de ces organisations.

Les trois observations présentées plus haut nourrissent la perception selon laquelle les OSC ne sont pas légitimes, au regard de l’un des principes fondamentaux de la redevabilité, à savoir la « participation ». Cela peut cependant conduire les OSC à réagir pour modifier cette perception. Pour faire face à cette réalité, les OSC doivent utiliser davantage et perfectionner les outils permettant de consulter plus largement les publics auxquels elles s’adressent tout en s’efforçant d’avoir une position indépendante et convaincante. Cela leur donne des capacités d’action et leur permet d’asseoir et de renforcer leur crédibilité.

Par conséquent, la bonne gouvernance, la transparence, le fait de procéder à des auto-évaluations régulières et à des consultations continues sont des principes très importants à respecter pour renforcer la redevabilité des OSC ainsi que leur légitimité et leur crédibilité.

En outre, la plupart des régimes de la région exercent un contrôle extrêmement étroit sur la société. Lorsque les autorités accordent un espace d’action à un nombre très limité d’organisations – qui doivent non seulement être bien connues du régime mais sont limitées à un certain quota – celles-ci ne peuvent mener des activités que de manière restreinte et contrôlée. Cela signifie que les gouvernements peuvent utiliser de nouveaux outils susceptibles de limiter la liberté d’action et l’indépendance des OSC afin d’entraver l’action de ces OSC, ce qui place ces dernières et d’autres membres de la société civile dans une position de vulnérabilité.

Par conséquent, l’adoption de codes de déontologie ou de codes de bonne conduite peut être utilisée comme un outil pour exercer une plus forte pression sur les OSC ou restreindre encore davantage leurs actions. Cela ne devrait pas nous conduire à rejeter ces outils importants, mais à souligner que lorsqu’ils sont mis en place, ils ne devraient pas être utilisés par les gouvernements pour limiter davantage la capacité des OSC de mener leurs activités librement.

Les OSC manquent manifestement de crédibilité, ce qui met en lumière le fait qu’il est nécessaire qu’elles fassent preuve d’une plus grande redevabilité et de davantage de transparence. Elles doivent réduire les risques et se protéger davantage en suivant les bonnes pratiques.

Par ailleurs, les bailleurs de fonds doivent respecter l’indépendance des OSC nationales ; ils doivent donc promouvoir des relations fondées sur les principes fondamentaux du partenariat et de l’égalité des opportunités. Ils doivent procéder à des contrôles pour vérifier comment leurs fonds sont dépensés et utilisés. Cela ne devrait cependant pas leur donner le droit de s’immiscer dans la définition des objectifs et des stratégies des OSC.

Certains exemples spécifiques révèlent cependant la tendance qu’ont les bailleurs de fonds à s’immiscer dans ce domaine. Les OSC doivent donc revoir en permanence leurs principes, visions et missions de manière à veiller à ne pas subir l’influence négative des bailleurs et être ainsi en mesure de mieux répondre aux besoins des populations locales.

Entrevista con Beris Gwynne, Directora para la Rendición de cuentas global en World Vision Internacional.

Escuche la entrevista (en inglés)

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Beris Gwynne nos explica:

• Cuál es su labor como Directora para la Rendición de cuentas global y por qué la rendición de cuentas es un tema importante para World Vision.

• En su opinión, cuáles son hoy en día los principales desafíos entorno al hecho de hablar y de actuar con respecto a la rendición de cuentas de las ONGs.

• Qué diferencias hay en hablar sobre la rendición de cuentas y ponerla en marcha a nivel local, nacional e internacional. ¿Las cuestiones y los desafíos son similares o son muy diferentes?

• De qué modo pueden ser relevantes los principios de derechos humanos con respecto a la cuestión y el debate de la rendición de cuentas de las ONGs.

• Qué recomendaría a otras ONGs nacionales e internacionales con respecto a la rendición de cuentas.

Interview with Beris Gwynne, Director for Global Accountability, World Vision International.

Listen to the interview

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Beris Gwynne tells us:

• What she does as Director for Global Accountability and why accountability is an important issue for World Vision.

• What she thinks are the key challenges today around both, speaking about and operationalising NGO accountability.

• What differences there are in speaking about and making accountability happen at the local, national and international level. Are the questions and challenges similar or are they very different?

• How human rights principles are relevant to these questions and debates about NGO accountability.

• What recommendations she would you make for other international and national NGOs regarding accountability.

Entretien avec Beris Gwyne, Directrice pour la redevabilité mondiale, World Vision International

Ecoutez l’entretien (en anglais)

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Beris Gwynne nous explique:

• Quel est son travail comme directrice pour la redevabilité mondiale et pourquoi la reddition des comptes est un thème important pour World Vision.

• Quels sont aujourd’hui, à son avis, les principaux défis dans le fait de discuter et d’opérationnaliser la reddition des comptes des ONG.

• Quelles différences y a-t-il entre parler de redevabilité et sa mise en œuvre au niveau local, national et international. Les enjeux et les défis sont-ils similaires ou très différentes?

• De quelle manière pourraient être pertinents les principes de droits humains par rapport à la question et à la discussion de la redevabilité des ONG.

• Ce qu’elle recommanderait à d’autres organisations nationales et internationales quant à la reddition de leur comptes.

¿Por qué las discusiones sobre la responsabilidad de las organizaciones no gubernamentales generan tanta tensión y desacuerdo? Esta interrogante se puede responder argumentando que, en el fondo de las discusiones que tratan de determinar cuáles son los mejores métodos, criterios de medición y marcos reguladores, el concepto de la rendición de cuentas abarca cuestiones más profundas relacionadas con el poder y la responsabilidad, así como la salud de la democracia y la futura supervivencia de la acción civil independiente.

Con base en mi experiencia, considero que, aunque no existe desacuerdo en torno al hecho de que las organizaciones no gubernamentales deban ser responsables, sí existen una serie de inquietudes fundadas sobre lo que esto significa en la práctica, en particular en el caso de los grupos defensores de los derechos humanos que actúan en contextos en donde la rendición de cuentas se puede utilizar como un mecanismo para restringir sus actividades. Por lo tanto, el primer paso para procurar la negociación de soluciones que resulten efectivas tanto para las organizaciones no gubernamentales como para los gobiernos consiste en enmarcar la discusión sobre la responsabilidad dentro del contexto correspondiente. El siguiente paso consiste en procurar un equilibrio funcional entre los derechos y las responsabilidades que proteja la libertad de organización a cambio del escrutinio legítimo público. “Aplomo latente, transigencia evidente” es una frase que utilizan a menudo los activistas sociales, la cual describe de manera efectiva el proceso: mantenerse fiel a la misión y a los principios considerando a la vez la responsabilidad de la forma más flexible y creativa que sea posible.

La mayoría de nosotros tenemos una relación de sentimientos encontrados con la concentración del poder, pues preferimos distribuir el poder en la medida de lo posible con el fin de mitigar los abusos. Sin embargo, también estamos conscientes de que la concentración de poder es fundamental para procurar la justicia social cuando el poder se ejerce por medio del Estado, así como de su función de garante supremo de la seguridad humana y como titular de las obligaciones internacionales fundamentadas en los derechos; o bien, cuando dicho poder se ejerce por medio de organizaciones no gubernamentales y movimientos sociales de gran envergadura capaces de proteger los derechos humanos y de promover reformas de políticas de cara a la oposición concertada.

La rendición de cuentas es el mecanismo que viene a completar esta ecuación al actuar como contrapeso de la concentración del poder. Todos nosotros compartimos la obligación de responder por nuestras acciones, lo cual constituye probablemente la definición más simple del concepto de la responsabilidad. No cabe duda de que se trata de un concepto mucho más complejo, pero considero que todas las definiciones de la responsabilidad incluyen la responsabilidad de rendir informes con claridad y transparencia a las partes interesadas sobre cualquier actividad que afecte sus vidas, así como la disposición de someterse, en determinadas condiciones, al criterio de alguna autoridad legítima.

En este sentido, cabe preguntarse qué es lo que otorga la “legitimidad” a una autoridad determinada. Las restricciones de la libertad de expresión y de asociación, el aumento de formas reguladoras y de investigación más intervencionistas, y la “segurización” de los debates sobre las organizaciones no gubernamentales y su labor son aspectos que dan un tinte perverso al concepto de responsabilidad. Asimismo, en los entornos muy politizados u orientados a la seguridad, resulta aún más difícil procurar innovaciones en el ámbito de la responsabilidad de las organizaciones no gubernamentales en vista de que los resultados que se han logrado por medio de una mayor apertura al escrutinio público pueden ser utilizados para destruir a la misma organización o para cerrarle el acceso a fuentes de influencia o de recursos, en vez de utilizarlos como incentivo para mejorar su desempeño. En estas situaciones, la política de la responsabilidad de las organizaciones no gubernamentales resulta mucho más divisoria que los aspectos técnicos. Cabe preguntarse entonces, ¿qué debemos hacer ante este panorama?

Considero que el procedimiento más apropiado es reconocer que todas las organizaciones no gubernamentales tienen derechos y responsabilidades que deben negociarse constantemente de acuerdo con el contexto, lo cual permite proteger el espacio para la acción ciudadana independiente, pero a cambio del cumplimiento de las regulaciones pertinentes que permite garantizar que estas organizaciones actúan a favor del interés público. Cuando el concepto del “interés público” es tan difuso y amorfo que no se puede utilizar en un sentido real y operativo, entonces al menos se puede garantizar que las actividades que se suponen “benéficas” se puedan divulgar ampliamente y poner a disposición del público para su cuestionamiento. La oportunidad de conocer la labor de una organización y de plantear cuestionamientos sobre la misma es sin duda el fundamento del concepto de la responsabilidad.

No obstante, cuando se depende en forma exclusiva de la autorregulación o de la regulación voluntaria es poco probable que esta práctica resulte efectiva para examinar casos de malversación, como también es improbable que resulte políticamente factible en contextos donde se espera que los gobiernos ejerzan sus poderes de supervisión de forma sistemática en todas las instituciones de la sociedad. Las organizaciones no gubernamentales no tienen nada en especial que las exima de esa supervisión, y si la autorregulación resulta inadecuada para las empresas e incluso para los gobiernos, es difícil sustentar un caso especial para argumentar que la autorregulación sí se debería aplicar en las organizaciones no gubernamentales, salvo en los casos en que la aplicación de mecanismos específicos de rendición de cuentas expongan a una organización o a sus beneficiarios a posibles violaciones de sus derechos fundamentales, a saber, los derechos que superan a los de las autoridades que gobiernan el ámbito de acción de las organizaciones no gubernamentales.

En estas situaciones, el equilibrio entre los derechos y las responsabilidades de las organizaciones no gubernamentales lógicamente cambiaría aun cuando los gobiernos continúen insistiendo en aplicar un trato uniforme. Y como sucede en todas esas situaciones, la definición de la “legitimidad” llega a convertirse en una competencia de carácter legal y política. Las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos enfrentan en mayor medida estas disyuntivas, pero no existe una solución mágica para resolverlas. Por lo tanto, se debe recurrir a la negociación continua, la cual se debe hacer con la valentía y la flexibilidad necesarias para entretejer los derechos y las responsabilidades en el dinámico caleidoscopio contextual. La aplicación del principio del “aplomo latente, transigencia evidente” nos permitirá llevar nuestra labor a un buen término.

Why do discussions about NGO accountability generate so much tension and disagreement? Because – underlying disputes about which metrics, methods and regulatory frameworks are the best – accountability touches on much deeper issues of power and responsibility, the health of democracy, and the survival of independent citizen action in the many years to come.

In my experience there is no disagreement about the need for NGOs to be accountable, but there are justifiable concerns about what this means in practice, especially for human rights groups in political contexts where accountability can be used as a device to curb their activities. Setting the accountability discussion in context is the first step towards negotiating solutions that work for both NGOs and governments. The next step is to find a workable balance between rights and responsibilities that protects the freedom to organize in return for legitimate public scrutiny. “Straight back, soft front” is a phrase often heard among social activists, and it describes this process well: hold firm to your mission and principles while addressing accountability with as much creativity and flexibility as possible.

Most of us have a love-hate relationship with concentrated power, preferring to diffuse power as much as possible in order to mitigate its abuses. Yet we also know that concentrated power is essential to social justice when exercised through the State in its role as the ultimate guarantor of human security and the duty bearer of rights-based international obligations; or through large NGOs and social movements that can protect human rights and push through policy reforms in the face of concerted opposition.

Accountability is the mechanism that completes this equation by acting as a counterweight to concentrated power. We all share the obligation to answer for our actions, which is probably the simplest definition of accountability we have. Of course it’s more complicated than that, but I think all definitions would include the responsibility to report to stakeholders clearly and transparently on any activities that affect their lives, and the willingness to submit, under certain conditions, to the judgments of a legitimate authority.

But what makes authority ‘legitimate?’ Curbs on freedom of speech and of association, the rise of more intrusive forms of regulation and investigation, and the securitization of debates around NGOs and their work, all give accountability a more sinister ring. And in climates that are highly-securitized or politicized, innovations in NGO accountability are more difficult to achieve because the results – gained through increasing openness to public scrutiny – may be used to destroy the organization or close off its access to influence and resources, rather than as an incentive to improve its performance. In these situations, the politics of NGO accountability turn out to be much more divisive than the technics, so what should we do?

I think the best path is to recognize that all NGOs have rights and responsibilities that must be constantly negotiated according to the context, thus protecting the space for independent citizen action in exchange for compliance with regulations that ensure that they operate in the public interest. If the ‘public interest’ is too vague and amorphous a concept to be useful in a real or operational sense, then at least one can ensure that activities that are claimed to be ‘beneficial’ are openly disclosed and accessible for public questioning. The opportunity to know what an organization does and ask questions as a result is surely the bedrock of accountability.

Nevertheless, an exclusive reliance on voluntary or self-regulation is unlikely to be effective in weeding out examples of malfeasance, or politically feasible in contexts where governments must be seen to exercise their powers of oversight consistently across all institutions in society. There is nothing about NGOs that makes such oversight unnecessary, and if self-regulation is inadequate for business or indeed for governments then it is difficult to argue a special case for NGOs, except where the application of specific accountability mechanisms exposes an organization, or those it serves, to violations of their fundamental rights – rights which outrank those of the authorities who govern the space for NGO activity.

In these situations, the balance between NGO rights and responsibilities will obviously shift, even though governments may continue to insist on unitary treatment. And as in all such situations, the definition of what is legitimate eventually turns into a legal and political contest. Human rights NGOs experience these dilemmas with particular force, but there is no ‘magic bullet’ available to resolve them, only an ongoing negotiation that requires the courage and flexibility to re-weave rights and responsibilities into a continuously-evolving tapestry. “Straight back, soft front” will see us through.

Pourquoi les débats sur la redevabilité des ONG génèrent-ils autant de tensions et de désaccords ? C’est parce que – au delà des débats sur les meilleurs types de critères d’évaluation, de méthodes et de cadres de régulation à adopter – la notion de redevabilité soulève des questions beaucoup plus complexes, relatives au pouvoir et à la responsabilité, à la santé de la démocratie, et à la viabilité sur le long terme d’une action citoyenne indépendante.

Selon moi, la nécessité de faire en sorte que les ONG soient redevables de leurs actions ne fait pas débat, mais il existe des préoccupations légitimes quant à ce que cette obligation de redevabilité recouvre en pratique, en particulier pour les groupes de défense des droits humains qui opèrent dans des contextes politiques où la notion de redevabilité peut être utilisée comme un moyen de restreindre leurs activités. Il faut donc avant tout placer le débat sur la redevabilité dans son contexte, avant de pouvoir trouver des solutions négociées, qui soient viables aussi bien pour les ONG que pour les gouvernements. L’étape suivante est donc de trouver un équilibre réaliste entre les droits et les responsabilités, de façon à protéger la liberté d’association en contrepartie d’une surveillance publique légitime. « Straight Back, Soft Front » (des principes solides alliés à une ouverture d’esprit) est une expression que l’on entend souvent de la part des militants des mouvements sociaux, et elle résume très bien ce processus : à savoir le fait de défendre fermement sa mission et ses principes tout en faisant face à ses responsabilités avec autant de créativité et de flexibilité que possible.

La plupart d’entre nous entretiennent un rapport d’amour-haine avec la concentration du pouvoir, en préférant rendre le pouvoir aussi diffus que possible afin d’atténuer les risques d’abus de pouvoir. Pour autant nous sommes également conscients du fait que la concentration du pouvoir est essentielle pour garantir la justice sociale, lorsqu’il est exercé par l’État dans sa capacité de garant ultime de la sécurité humaine, et de détenteur principal d’obligations au regard des droits internationalement reconnus ; ou lorsqu’il est exercé par de grandes ONG et des mouvements sociaux qui ont la capacité de protéger les droits humains et de faire pression pour obtenir des réformes politiques par le biais d’une opposition concertée.

La notion de redevabilité est le mécanisme qui complète cette équation en jouant un rôle de contrepoids à la concentration du pouvoir. Nous sommes tous tenus de répondre de nos actions, ce qui correspond sans doute à la définition la plus simple de la redevabilité dont nous disposons. Bien entendu, le concept est plus complexe que cela, mais je pense que toutes les définitions incluraient à la fois la responsabilité de rendre compte aux parties prenantes de manière claire et transparente de toutes les activités qui affectent leur vie, et le fait d’accepter de se soumettre, à certaines conditions, au contrôle d’une autorité légitime.

Mais qu’est-ce qui rend cette autorité « légitime » ? Les restrictions à la liberté d’expression et d’association, la multiplication des formes plus interventionnistes de régulation et d’enquête ainsi que l’intrusion d’impératifs sécuritaires dans les débats portant sur les ONG et leur action, empreignent la notion de redevabilité d’un halo plus inquiétant. Et dans des contextes qui sont extrêmement « sécuritisés » ou politisés, il est plus difficile d’aboutir à des innovations en matière de redevabilité des ONG. En effet, les résultats de cet exercice de redevabilité – obtenus par le biais d’une ouverture plus grande à la surveillance publique – peuvent être détournés pour réduire à néant une organisation ou interdire son accès à des voies d’influence ou de ressources, alors qu’ils devraient être un moyen de l’inciter à améliorer ses performances. Dans ces situations la nature politique de la question de la redevabilité des ONG génère beaucoup plus de désaccords que ses aspects techniques. Mais alors, que devrions-nous faire ?

Je pense que le meilleur moyen est de reconnaître que toutes les ONG ont des droits et des responsabilités qui doivent être négociés en permanence, selon le contexte, de façon à assurer la possibilité de mener de manière indépendante des actions citoyennes tout en respectant, en contrepartie, les régulations visant à assurer que ces actions sont effectuées dans l’intérêt public. Si le concept d’« intérêt public » est trop vague et amorphe pour être effectif ou opérationnel, on peut au moins faire en sorte que les activités qui prétendent être « bénéfiques » soient rendues publiques et se soumettent à une surveillance du public. La possibilité de savoir ce que fait une organisation et de pouvoir ensuite poser des questions est sans aucun doute le fondement de la redevabilité.

Pour autant, il est peu probable que le fait de compter exclusivement sur une régulation volontaire ou une autorégulation parvienne à éliminer les exemples de mauvaises pratiques, ou soit politiquement réalisable dans des contextes où les gouvernements doivent démontrer qu’ils exercent leur pouvoir de contrôle de façon uniforme et systématique sur l’ensemble des institutions sociales. Rien dans la nature des ONG n’indique que ces contrôles ne sont pas nécessaires, et si l’autorégulation s’avère inadéquate pour le secteur économique privé ou, de fait, pour les gouvernements, il est difficile de pouvoir soutenir que les ONG doivent faire l’objet d’une exception – mis à part dans les cas où la mise en œuvre de mécanismes spécifiques de responsabilité expose l’organisation, ou ceux qu’elle défend, au risque de violations de droits fondamentaux, droits qui ont précédence sur ceux des autorités qui régulent l’espace d’action des ONG.

Dans ces situations, l’équilibre entre les droits et les responsabilités des ONG va évidemment être modifié, même si les gouvernements continuent de se prévaloir d’un principe d’uniformité de traitement. Et, dans toutes ces situations, la définition de ce qui est légitime fera en définitive l’objet d’une lutte juridique et politique. Les ONG de défense des droits humains sont confrontées de manière aiguë à ces dilemmes, mais il n’existe pas de « formule magique » pour les résoudre – on ne peut que négocier continuellement, avec courage et flexibilité, pour retisser le réseau des droits et des responsabilités de manière constamment évolutive. Le principe « straight back, soft front » nous permettra d’y parvenir.

La cuestión sobre la responsabilidad de las organizaciones no gubernamentales y los principios de derechos humanos convergen en varios ámbitos. Uno de ellos es en el sentido de que los derechos humanos a la reunión, a la asociación y a la libertad de expresión son fundamentales para la creación y la supervivencia de las organizaciones no gubernamentales como entidades organizadas en torno a una serie de valores e inquietudes de los ciudadanos. El espacio que tiene la acción de la sociedad civil y su legitimidad son objeto de profundos cuestionamientos en muchos contextos, al igual que la responsabilidad de las organizaciones no gubernamentales. Un segundo ámbito de confluencia es en el sentido de que los derechos humanos establecen normas que las organizaciones no gubernamentales en ocasiones transgreden a la vez que corren el riesgo de perder su credibilidad como actores que procuran el bienestar público. La responsabilidad y el cumplimiento de las expectativas que se tienen de las organizaciones no gubernamentales respecto a los derechos humanos son aspectos que pueden resultar cruciales para su efectividad en la medida en que estas organizaciones dependan de su reputación para movilizar recursos y ejercer influencia en los acontecimientos de la sociedad. Un tercer ámbito de convergencia es en el sentido de que algunas organizaciones no gubernamentales enfocan su labor en identificar las violaciones de los derechos humanos y en responsabilizar a los actores de las mismas. En la intensa labor que implica tratar de definir los derechos humanos y procurar su cumplimiento, se debe prestar especial atención a los asuntos relacionados con la legitimidad y la responsabilidad.

El documento conceptual es un poco superficial en cuanto a las definiciones de conceptos claves. En mis estudios sobre la legitimidad y la responsabilidad de las organizaciones no gubernamentales, he definido la legitimidad como la idoneidad y la justificación de la existencia de una organización y de sus actividades ante los actores claves que se desempeñan dentro de su ámbito de acción. Por otra parte, la responsabilidad se refiere a la capacidad que tiene una organización de responsabilizarse por su desempeño ante determinados actores. La responsabilidad se refiere a expectativas y reclamaciones concretas que los actores pueden plantear a una ONG, mientras la legitimidad se refiere a una percepción más general de su relevancia e idoneidad.¹

Yo argumentaría que la esencia de la misión de una organización no gubernamental reside en la definición de su legitimidad y responsabilidad. Concuerdo con el hecho de que las relaciones con los actores son un aspecto fundamental de la responsabilidad de las organizaciones no gubernamentales, pero a menudo resulta ambiguo quiénes son los “actores” primarios de estas organizaciones. Aunque con frecuencia se considera que los propietarios de empresas o los votantes de los gobiernos democráticos son los actores principales, la realidad es que las organizaciones no gubernamentales a menudo tienen responsabilidades ante diversos actores, incluidos los donantes, reguladores, clientes, socios, grupos destinatarios, entre otros.² Muchas organizaciones no gubernamentales tienen la tendencia a enfocarse en la “responsabilidad ascendente” que está vinculada con los actores que tienen mayor poder (como los donantes o los reguladores) y prestan menos atención a la responsabilidad “descendiente” o “introspectiva” que está vinculada con actores que tienen menos poder (como los clientes o el personal). El poner énfasis a la responsabilidad con respecto a la misión puede contribuir a clarificar en qué medida se debe prestar atención a las distintas exigencias de los actores para poder cumplir con esa misión (véanse los párrafos 12 y 24).

El documento conceptual en ocasiones se refiere a la legitimidad como la representación política de los grupos de interés de las organizaciones no gubernamentales (p.ej.: párrafos 10, 46). Si bien es cierto que algunas ONG son creadas para representar a grupos de interés, considero que los cuestionamientos relacionados con la legitimidad de estas organizaciones surgen con mayor frecuencia en otros ámbitos. Además de la legitimidad política que implica representar los intereses de los miembros o grupos de interés, las organizaciones no gubernamentales pueden argumentar que tienen una legitimidad jurídica relativa al cumplimiento de regulaciones y requisitos legales; una legitimidad normativa por representar y actuar a favor de normas y valores muy reconocidos; una legitimidad técnica o pragmática basada en sus reconocida trayectoria y experiencia especializada, y en sus capacidades y servicios que presta a los actores; una legitimidad de asociación creada por sus vínculos con instituciones o actores legítimos; y una legitimidad cognitiva que surge de su capacidad de cumplir con las expectativas que tienen los actores respecto a la percepción del mundo. Aunque son pocas las organizaciones no gubernamentales que reclaman legitimidad en todos estos ámbitos, todos ellos han sido reconocidos como posibles fuentes de legitimidad para los actores de la sociedad civil.³ Por consiguiente, se puede afirmar que existen muchos fundamentos posibles, que van más allá de la representación política, que permiten aceptar la idoneidad y justificar la existencia y las actividades de estas organizaciones.

Nuestros estudios sobre la evolución de las normas de la legitimidad y responsabilidad se han centrado en tres fuentes potenciales.⁴ Algunas veces las normas son establecidas a nivel de la sociedad por las leyes y regulaciones gubernamentales, como los requisitos para las auditorías anuales, o bien, por medio de la aceptación generalizada de normas y valores, como las expectativas relacionadas con el monto de los salarios que perciben los dirigentes de las organizaciones no gubernamentales. En otros casos, las normas son establecidas a nivel organizacional por medio de opciones estratégicas relacionadas con los grupos destinatarios y con los actores. Esta tendencia es particularmente común en áreas prácticas y novedosas o muy dinámicas respecto a las cuales no existen expectativas relacionadas con las normas. Una tercera fuente es el establecimiento de normas a nivel de dominio, en donde los grupos de organizaciones que tienen intereses en un área práctica determinada negocian normas relativas al área dentro del dominio correspondiente. El dominio puede ser una asociación sectorial, como el grupo de organizaciones que creó la Carta de responsabilidad de las Organizaciones Gubernamentales Internacionales. El dominio también puede ser una campaña de múltiples niveles, como una alianza de organizaciones no gubernamentales locales, nacionales e internacionales que unieron esfuerzos en la Campaña del Monte Apo para detener la inversión del Banco Mundial en una planta eléctrica en las Filipinas. Asimismo, el dominio puede ser una asociación de diversos sectores destinada a resolver un problema complejo, como el Proceso de Kimberly que movilizó organizaciones no gubernamentales, gobiernos y corporaciones transnacionales para regular el comercio ilícito de diamantes.⁵ La evolución de las normas es con frecuencia determinada por las formas de interacción que se dan entre los niveles nacionales, organizacionales y de los dominios.

El escenario internacional es un ámbito particularmente fértil para discutir las cuestiones relativas a la legitimidad y la responsabilidad y sus vínculos con los principios de derechos humanos. Los argumentos sobre la legitimidad y la responsabilidad resultan muy difíciles de sustentar en aquellas situaciones en que se comparten pocas fuentes de autoridad y cuando la comprensión de los problemas es deficiente. Más importante aún, el escenario internacional presenta una gran cantidad de ejemplos de negociación de nuevos conceptos y normas (como los principios de derechos humanos), así como ejemplos de nuevas instituciones que los aplican. La creación de la Carta de responsabilidades de las Organizaciones No Gubernamentales Internacionales (y la actual creación de normas de presentación de informes de las organizaciones no gubernamentales por parte del GRI), la creación del “principio cautelar” como alternativa a la “ciencia fundada” para regular los contaminantes orgánicos persistentes, y la creación y la nueva aplicación de un sistema regulador para controlar los “diamantes de conflicto” son todos ejemplos de la creación de nuevas normas que determinan la acción internacional. En un mundo cada vez más globalizado e interdependiente, esas negociaciones están contribuyendo a construir los conceptos y las instituciones de la gobernanza global justo en el momento cuando ésta más se necesita.

¹ Edwards, M. (2000). NGO Rights and Responsibilities: A New Deal for Global Governance. London: The Foreign Policy Centre; Brown, L. D. (2008). Creating Credibility: Legitimacy and Accountability for Transnational Civil Society. Bloomfield, CT: Kumarian Press, Ch. 3.
² Brown, L. D. y M. H. Moore. “Accountability, Strategy and International Nongovernmental Organizations.” Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly 30, No. 3 (2001): 569-87
³ Véase Suchman, M. C. (1995). “Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches.” Academy of Management Review 20(3): 517-610; y Brown, L. D, Creating Credibility , op cit., 2008, Ch 3, 4..
⁴ Brown, L. D., M. H. Moore, y J.P. Honan. “Building Strategic Accountability Systems for International NGOs.” AccountAbility Forum 1, No. 2 (2004): 31-43.
⁵ Estos casos se analizan en Brown, Creating Credibility, op cit., 2008, Ch 5, 6, 7.

The issue of NGO accountability and human rights principles converge at several intersections. One is that the human rights of assembly, association and free speech are fundamental to the creation and survival of NGOs as agencies organized around values and citizen concerns. The space for and legitimacy of civil society activity is under attack in many contexts and with it the accountability of NGOs. A second intersection is that human rights set standards that NGOs violate at the peril of losing their credibility as actors for the public good. To the extent that NGOs depend on their reputations to mobilize resources and influence events, their compliance with and accountability to human rights expectations can be critical to their effectiveness. A third is that some NGOs are focused on identifying human rights violations and holding violators accountable. Working at the sharp edge of defining and enforcing human rights principles requires careful attention to legitimacy and accountability issues.

The approach paper is a bit vague about definitions of key concepts. In my work on NGO legitimacy and accountability, I have focused on legitimacy as the appropriateness of and justification for an organization’s existence and activities in the eyes of key actors in its environment. Accountability, in the other hand refers to an organization’s answerability for its performance to specific stakeholders. Accountability refers to concrete expectations and claims that stakeholders might make upon an NGO, while legitimacy refers to a more general perception of its relevance and appropriateness.¹

I would argue that the mission of the NGO should be at the heart of defining its legitimacy and accountability. I agree that relations with stakeholders are central to NGO accountability, but who the “primary” stakeholders are for NGOs is often ambiguous. While the owners of businesses or the voters in democratic governments are usually seen as their primary stakeholders, NGOs are often accountable to multiple stakeholders—including donors, regulators, clients, partners, targets, staff, and so on.² Many NGOs are tempted to focus on “upward accountability” to powerful stakeholders (e.g., donors or regulators) and to give less attention to “downward” or “inward” accountability to less powerful stakeholders ( e.g., clients or staff). Emphasizing accountability to mission can help clarify how much attention they should be paying to different stakeholder claims to implement that mission (see paras 12 & 24).

The approach paper sometimes discusses legitimacy as political representation of NGO constituents (e.g., paras 10, 46). While it is true that some NGOs are organized to represent constituencies, I believe that claims to NGO legitimacy are more commonly rooted in other bases. In addition to political legitimacy from representing the interests of members or constituents, NGOs may claim legal legitimacy grounded in compliance with regulations and legal requirements; normative legitimacy from embodying and acting for widely-shared values and norms; pragmatic or technical legitimacy based on demonstrated expertise, capacities and services to stakeholders; associational legitimacy created by ties to legitimate actors or institutions; and cognitive legitimacy from their fit with stakeholder expectations about how to understand the world. While few NGOs claim legitimacy on all these bases, they have all been recognized as potential legitimacy sources for civil society actors.³ So there are many plausible grounds for accepting their existence and activities as appropriate and justifiable other than political representation.

Our work on the evolution of standards of legitimacy and accountability has focused on three potential sources.⁴ Sometimes standards are set at the societal level by government legislation and regulation, such as requirements for annual audits, or by widespread acceptance of social norms and values, such as expectations about the size of NGO leaders’ salaries. In other cases standards are set at the organizational level by strategic choices about performance targets and attention to stakeholders. This is particularly common in practice areas that are novel or rapidly-changing so widely-held expectations about standards do not exist. A third source is standard setting at the domain level, where groups of organizations with interests in an area of practice negotiate domain standards for the area. The domain might be a sector association, such as the group of international NGOs that created the International NGO Accountability Charter; it might be a multi-level campaign, such as alliance of local, national and international NGOs that worked together in the Mt Apo Campaign to stop World Bank investment in a Philippines power plant; or it might be a multi-sector partnership to solve an intransigent problem, such as the Kimberly Process that mobilized NGOs, governments and transnational corporations to regulate the illicit diamond trade.⁵ The evolution of standards is often shaped by interactions among national, domain and organizational levels.

The international arena is a particularly fertile arena for discussion of legitimacy and accountability issues and their links to human rights principles. Accountability and legitimacy claims are difficult to establish in the context of few shared authorities and poorly-understood problems. Perhaps more importantly, the international arena is rich with examples of the negotiation of new concepts and standards (human rights principles for example) and new institutions to implement them. The creation of the IANGO Charter of Accountability (and the current development of NGO reporting standards by the GRI), the development of the “precautionary principle” as an alternative to “sound science” in regulating persistent organic pollutants, and the creation and reimplementation of a regulator system to control “conflict diamonds” are all examples of the creation of new standards that shape international activity. In an increasingly globalized and interdependent world, those negotiations are constructing the concepts and institutions of global governance at a time when that governance is sorely needed.

¹ Edwards, M. (2000). NGO Rights and Responsibilities: A New Deal for Global Governance. London: The Foreign Policy Centre; Brown, L. D. (2008). Creating Credibility: Legitimacy and Accountability for Transnational Civil Society. Bloomfield, CT: Kumarian Press, Ch. 3.
² Brown, L. D. and M. H. Moore. “Accountability, Strategy and International Nongovernmental Organizations.” Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly 30, no. 3 (2001): 569-87.
³ See Suchman, M. C. (1995). “Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches.” Academy of Management Review 20(3): 517-610; and Brown, L. D, Creating Credibility, op cit., 2008, Ch 3, 4.
⁴ Brown, L. D., M. H. Moore, and J.P. Honan. “Building Strategic Accountability Systems for International NGOs.” AccountAbility Forum 1, no. 2 (2004): 31-43.
⁵ These cases are discussed in Brown, Creating Credibility, op cit., 2008, Ch 5, 6, 7.

La question de la redevabilité des ONG et celle des principes relatifs aux droits humains se recoupent de diverses manières. Le premier point de recoupement est que les droits humains relatifs aux droits de réunion, d’association et de liberté de parole jouent un rôle fondamental pour permettre la création et la pérennité des ONG en tant qu’organisations structurées autour de valeurs et de préoccupations citoyennes. L’espace nécessaire aux activités de la société civile et la légitimité de celles-ci sont la cible d’attaques dans de nombreux contextes et il en va de même pour la question de la redevabilité des ONG. Un autre point de convergence est que les droits humains énoncent des normes que les ONG ne peuvent violer qu’au risque de perdre leur crédibilité en tant qu’acteurs agissant pour le bien public. Dans la mesure où les ONG s’appuient sur leur réputation pour mobiliser des ressources et avoir une influence, le fait de respecter les principes exprimés par les droits humains et de faire preuve de responsabilité à leur égard peut jouer un rôle essentiel pour garantir leur efficacité. Un troisième point de recoupement est le travail spécifique que mènent certaines ONG visant à identifier les violations des droits humains et à exiger que leurs auteurs aient à rendre compte de leurs actes. Lorsque l’on travaille sur le terrain périlleux de la définition et de l’application des principes des droits humains, il est nécessaire d’accorder une attention particulière aux questions relatives à la légitimité et la redevabilité.

Le papier d’orientation reste assez flou sur la définition des concepts-clé. Dans le travail que j’ai mené sur la légitimité et la redevabilité des ONG, j’ai voulu montrer que la légitimité constituait à la fois le fondement adéquat et la justification de l’existence et des activités d’une organisation par rapport aux acteurs clé du contexte dans lequel elle opère. La redevabilité, quant à elle, renvoie aux comptes que l’organisation doit rendre à certaines parties prenantes spécifiques quant à sa performance. La redevabilité porte sur les attentes et les demandes concrètes que les parties prenantes peuvent avoir à l’égard d’une ONG, tandis que la légitimité se réfère à la perception que l’on a plus généralement de son importance et du bien-fondé de son action.¹

Je suis d’avis, pour ma part, que la mission d’une ONG devrait être au cœur de la définition de sa légitimité et de sa redevabilité. Certes, les relations qu’a une ONG avec ses parties prenantes sont essentielles pour définir sa redevabilité, mais la question de savoir quelles sont les parties prenantes « principales » d’une ONG est souvent loin d’être simples. Alors qu’en général, en ce qui touche aux entreprises ou aux gouvernements démocratiques, les actionnaires et les électeurs, sont respectivement considérés comme étant les parties prenantes « principales », les ONG ont souvent des relations de redevabilité envers de multiples parties prenantes – que ce soient leurs bailleurs de fonds, les autorités de contrôle, les clients, les partenaires, leurs publics cibles ou encore leurs salariés.² De nombreuses ONG sont tentées de privilégier une « redevabilité par le haut», en se focalisant sur les comptes qu’elles ont à rendre à des parties prenantes puissantes (par exemple les bailleurs de fonds ou les autorités de contrôle) et d’accorder moins d’attention à une redevabilité « par le bas » ou « interne » envers des parties prenantes moins puissantes (par exemple des clients ou les salariés). Le fait de souligner qu’une ONG est redevable de sa mission peut contribuer à clarifier le degré d’attention que les ONG doivent consacrer aux exigences des différentes parties prenantes quant à l’accomplissement de leur mission (voir les paragraphes 12 et 24).

Le document d’orientation envisage parfois la question de la légitimité sous l’angle de la représentation politique que les ONG exercent pour le compte de leurs parties prenantes (par exemple aux paragraphes 10 et 46). S’il est vrai que certaines ONG visent d’abord à représenter un public particulier, je considère que la légitimité des ONG repose plus souvent sur d’autres fondements. Outre la légitimité politique découlant de la représentation de membres ou de publics donnés, les ONG peuvent revendiquer une légitimité juridique ancrée dans le respect de règlements et d’obligations juridiques ; une légitimité normative découlant du fait qu’elles incarnent et agissent au nom de valeurs et de normes communes; une légitimité pragmatique ou technique fondée sur l’expertise, la compétence et les services reconnus qu’elles déploient au bénéfice de leurs parties prenantes ; une légitimité associative générée par les liens tissés avec des acteurs ou des institutions légitimes ; et une légitimité cognitive découlant de leur adaptation aux attentes des parties prenantes quant à la manière de comprendre le monde. Si peu d’ONG revendiquent une légitimité basée sur l’ensemble de ces fondements, ces derniers ont tous été reconnus comme des sources potentielles de légitimité pour les acteurs de la société civile.³ Il existe donc de nombreux motifs plausibles, autres que ceux relatifs à la représentation politique, pour accepter le fait que l’existence et les activités des ONG sont appropriées et justifiées.

Notre travail sur l’évolution des normes relatives à la légitimité et à la redevabilité a porté sur trois sources potentielles.⁴ Ces normes sont parfois fixées au niveau sociétal par des lois et des règlements gouvernementaux, tels que l’obligation de soumettre des audits annuels ou par le biais de normes et de valeurs sociales généralement acceptées, telles que l’idée que l’on se fait du montant du salaire des dirigeants d’ONG. Dans d’autres cas, ces normes sont fixées au niveau organisationnel en découlant de choix stratégiques relatifs aux objectifs de performance et à l’intérêt à porter aux attentes des parties prenantes. C’est particulièrement le cas dans les domaines d’activités novatrices ou qui évoluent rapidement, et dans lesquels il n’y a pas d’accord sur des normes à respecter. Le domaine d’activité représente une troisième source d’élaboration de normes. En l’occurrence, des groupes d’organisations travaillant dans un domaine particulier négocient des normes d’action pour ce champ d’activité. Ces normes d’action peuvent être élaborées dans le cadre de réseaux d’associations, à l’instar du groupe d’ONG internationales qui ont établi la Charte de Responsabilité des ONG internationales ; elles peuvent découler de campagnes menées à des niveaux multiples, comme l’alliance entre ONG locales, nationales et internationales qui ont travaillé ensemble dans la Mt. Apo Campaign visant à mettre un terme au financement par la Banque mondiale d’une centrale électrique aux Philippines ; ou elles peuvent être le résultat d’un partenariat multisectoriel destiné à résoudre un problème particulièrement complexe, tel que le processus de Kimberly, autour duquel des ONG, des gouvernements et des entreprises transnationales se sont mobilisés pour réguler le commerce illicite de diamants.⁵ L’évolution des normes est souvent déterminée par des interactions entre des niveaux gouvernementaux, organisationnels et ces différents domaines d’activité.

L’arène internationale représente un forum particulièrement propice pour débattre des questions relatives à la légitimité et à la redevabilité et de leurs liens avec les principes de droits humains. Il est difficile de faire valoir des exigences en matière de redevabilité et de légitimité en l’absence de sources d’autorités communes et lorsque les problèmes que ces notions soulèvent sont mal compris. Surtout, l’arène internationale offre de nombreux exemples de négociations à propos de concepts et de normes novateurs (les principes de droits humains par exemple) et d’institutions nouvelles chargées de les mettre en œuvre. L’adoption de la Charte de Responsabilité des ONG internationales (et l’actuelle élaboration de normes de reporting par le GRI), le développement du « principe de précaution » en tant qu’alternative à la « science dure » comme mode de régulation des polluants organiques persistants, et la création et la relance d’un système de régulation visant à gérer les « conflits de diamants » représentent tout autant d’exemple de normes nouvelles créées pour informer les relations internationales. Dans un monde sans cesse plus global et interdépendant, ces négociations continuent de façonner les concepts et les institutions d’une gouvernance mondiale, dans une conjoncture où cette gouvernance fait cruellement défaut.

¹ Edwards, M. (2000). NGO Rights and Responsibilities: A New Deal for Global Governance. London: The Foreign Policy Centre; Brown, L. D. (2008). Creating Credibility: Legitimacy and Accountability for Transnational Civil Society. Bloomfield, CT: Kumarian Press, Ch. 3.
² Brown, L. D. and M. H. Moore. “Accountability, Strategy and International Nongovernmental Organizations.” Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly 30, no. 3 (2001): 569-87
³ Voir Suchman, M. C. (1995). “Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches.” Academy of Management Review 20(3): 517-610; and Brown, L. D, Creating Credibility, op cit., 2008, Ch 3, 4.
⁴ Brown, L. D., M. H. Moore, et J.P. Honan. “Building Strategic Accountability Systems for International NGOs.” AccountAbility Forum 1, no. 2 (2004): 31-43.
⁵ Ces exemples sont examinés dans Brown, Creating Credibility, op cit., 2008, Ch 5, 6, 7.

Pretendo en este reducido espacio hacer algunos comentarios sobre el documento elaborado por el ICHRP para promover el debate online sobre “Human Rights Principles and NGO Accountability” (2009). Esperaré con interés el resultado final de la discusión.

Accountability – Un concepto poco preciso: Es conveniente iniciar señalando que el concepto de accountability se ha extendido tanto en los últimos años que ha perdido precisión. Como afirmam Ebrahim e Weisband ”accountabitily has become a malleable and often nebulous concept, with connotations that change with the context and agenda”.¹ Es lo que ellos denominan “panacea de la accountability”. De este modo, mientras algunos interlocutores pueden referirse a accountability pensando en transparencia en materia de recursos, otros estarán preocupados con la cuestión de evaluación de resultados, o prestación de cuentas para determinadas audiencias (internas o externas). Su falta de precisión, sin embargo, no ha sido un obstáculo para el aumento permanente de la literatura sobre el tema. La propuesta del documento del ICHRP de entender accountability ”in relational terms” (para. 24) si bien es interesante, no resuelve la cuestión de forma definitiva ya que no logra responder en términos precisos y concretos (y para todos los públicos) de qué hablamos cuando hablamos de accountability de ONGs.

Especificidad de las organizaciones de derechos humanos: Versiones anteriores de la investigación del ICHRP hacían referencia específicamente a la cuestión de accountability de “organizaciones de derechos humanos” (a diferencia del último Approach Paper se refiere ampliamente a “NGO Accountability”). En mi opinión este nuevo enfoque pierde especificidad. Vale la pena preguntarse (e intentar responder) si la accountability de organizaciones de derechos humanos es de algún modo diferente de la de otras organizaciones de la sociedad civil. Al menos tres cuestiones merecen ser indagadas:

• Teniendo en cuenta que los resultados obtenidos por la labor de las organizaciones de derechos humanos son muchas veces producto de procesos complejos en los que intervienen más de una organización y dependen a su vez de oportunidades políticas que están más allá de su control ¿Cuál es la especificidad de la evaluación de resultados cuando las organizaciones realizan actividades de advocacy?
• Vale la pena analizar en el caso particular de las organizaciones de derechos humanos con actuación nacional. En estos casos existen mecanismos informales de accountability (por ejemplo a través de los medios de comunicación) que no funcionan al discutir el papel de organizaciones internacionales. Sin embargo, parece ser la práctica de estas últimas la que ha guiado la literatura mayoritaria sobre el tema.
• Como destaca el Approach Paper (para. 6), la especificidad de las organizaciones de derechos humanos llama la atención hacia la necesidad de evitar generalizaciones. Si bien existen exigencias mínimas de transparencia a las que todas las organizaciones deben adecuarse, deben atenderse las particularidades de cada contexto. En especial es importante prestar atención a las limitaciones que existen cuando las organizaciones de derechos humanos actúan en contextos políticos represivos.

La cuestión de la relación con los beneficiarios. Si bien la literatura mayoritaria sobre accountability de organizaciones de la sociedad civil cuestiona principalmente el papel de los beneficiarios de estas organizaciones y de qué forma las organizaciones se relacionan con ellos, la visión de las propias organizaciones es diferente y no percibe la relación con los beneficiarios como una cuestión problemática. Aparentemente, en la visión de las propias organizaciones, la relación con los beneficiarios y la prestación de cuentas hacia ellos no es algo que pueda poner a la propia organización en riesgo. En este sentido, parece existir un cierto descompás entre la literatura y la preocupación de las propias organizaciones.

Las organizaciones están preocupadas en mejorar su performance, en desarrollar herramientas que realmente les permitan evaluar su trabajo, en pensar formas de gestión interna más democrática, etc. Algunos de estos esfuerzos, sin embargo, requieren recursos adicionales. Cualquier exigencia de mayor accountability que genere nuevas demandas (recursos humanos para procesar información, nuevos web sites, traducción de documentos, producción de indicadores, etc.) debe tener en consideración la necesidad de recursos adicionales. Exigir mayor accountability sin prever recursos, tendrá como resultado colocar a las organizaciones en riesgo de disminuir sus actividades “fin” para desplazar recursos a estas nuevas exigencias.

Necesidad de un paso adelante: En vista de la falta de precisión del concepto, la creciente literatura, y a su vez, la falta de literatura que discuta la cuestión específicamente analizando la situación de las organizaciones de derechos humanos, el ICHRP se encuentra en una situación privilegiada para avanzar sustancialmente esta discusión. En este sentido, si bien la idea de un debate on-line amplio como el propuesto es interesante, es fundamental que al final de la discusión el Council logre publicar finalmente un informe sobre este tema (como lo ha hecho sobre otros asuntos). Este aporte probablemente será criticado, pero es la única forma de colaborar para que esta discusión realmente avance.

Aún más importante que conocer la opinión de académicos y especialistas, sería relevante sistematizar claramente de qué forma las organizaciones de derechos humanos están percibiendo este debate y si han adoptado nuevas prácticas que puedan ayudar otras organizaciones colegas a repensar la cuestión en sus instituciones.

El ICHRP podría así, conceptualmente aportar una definición más clara de accountability – aplicada a las organizaciones de derechos humanos – y al mismo tiempo sistematizar un catalogo con las prácticas que estas organizaciones están realizando. Creo incluso que una propuesta inicial de principios básicos para guiar a las organizaciones en esta cuestión sería valiosa.

¹ WEISBAND, E. and EBRAHIM, A. Introduction: forging global accountabilities. In: EBRAHIM, A. and WEISBAND, E. Global Accountabilities: Participation, Pluralism, and Public Ethics. Cambridge University Press, 2007, p. 1.

My intention in this short paper is to make a few comments about the document prepared by the ICHRP to spark on-line debate about “Human Rights Principles and NGO Accountability” (2009). I eagerly look forward to the final results of the discussion.

Accountability – An imprecise concept: I would like to begin by pointing out that the concept of accountability has been invoked so often in recent years that it has lost precision. As Ebrahim and Weisband observe, “accountability has become a malleable and often nebulous concept, with connotations that change with the context and agenda”.¹ This is what they call the “accountability panacea”. Thus, while some observers might use the term accountability to refer to transparency in resource allocation, others would be thinking of outcome assessment or the rendering of accounts to certain audiences (internal or external). This lack of precision, however, has not stopped the literature on the subject from burgeoning. The proposal made in the ICHRP document to understand accountability “in relational terms” (par. 24), while interesting, does not settle the issue once and for all, as it does not define in precise, concrete terms (and for all audiences) just what we mean when we talk about the accountability of NGO’s.

Specificity of human rights organizations: Earlier versions of the ICHRP study referred specifically to the issue of the accountability of “human rights organizations” (unlike the last Approach Paper that refers more generally to “NGO Accountability”). In my view, this new focus loses specificity. It is worth asking (and trying to answer) whether the accountability of human rights organizations is somehow different from that of other civil-society organizations. At least three issues call for inquiry:

• Considering that the outcomes obtained through the work of human rights organizations are often the result of complex processes involving more than one organization, and depend as well on political contingencies that are beyond the organizations’ control, what is the specificity of outcome assessment when organizations engage in advocacy activities?
• It is worth analyzing the particular case of human rights organizations that have a national scope. In these cases there are informal accountability mechanisms (for example, through the media) that do not work when it comes to the role of international organizations. Nevertheless, the practice of international organizations seems to be what is driving most of the literature on the subject.
• As the Approach Paper emphasizes (par. 6), the specificity of human rights organizations underscores the need to avoid generalizations. There are of course minimum demands for transparency that all organizations should meet, but consideration must also be given to the particular aspects of each context. It is especially important to pay attention to the limitations that exist when human rights organizations work in politically repressive settings.

The issue of the relationship with beneficiaries. While most literature on the accountability of civil-society organizations mainly questions the role of these organizations’ beneficiaries and how the organizations interact with them, the vision of the organizations themselves is different: they do not perceive the relationship with the beneficiaries as a problem. It would seem that in the organizations’ view, the relationship with the beneficiaries and the rendering of accounts to them is not anything that might jeopardize the organization itself. In this sense, there seems to be a certain disconnect between the literature and the concerns of the actual organizations.

Organizations are anxious to improve their performance, to develop tools that really help them assess their work, to come up with more democratic internal management processes, etc. Some of these efforts, however, require additional resources. Any call for greater accountability that entails new demands (human resources for processing information, new websites, translating documents, publishing indicators, etc.) should bear in mind the need for additional resources. Calling for greater accountability without providing resources will put the organizations at risk of cutting back on their “core” activities as they shift resources to deal with these new demands.

Need for a step forward: Given the concept’s lack of precision, the growing literature, and at the same time the lack of literature that addresses the issue by analyzing the specific situation of human rights organizations, the ICHRP is in a privileged position to move this discussion forward in a significant way. In this sense, while the idea of a wide-ranging on-line debate is intriguing, it is essential for the Council at the end of the discussion to publish a final report on the topic (as it has done on other issues). This contribution will most likely be criticized, but it is the only way to help push this discussion along.

Even more important than knowing the opinion of academics and specialists would be to take a clear and systematic look at how human rights organizations perceive this debate and whether they have adopted new practices that could help fellow organizations rethink the question at their institutions.

In this way, the ICHRP could make a significant conceptual contribution by suggesting a clearer definition of accountability – as it applies to human rights organizations – and at the same time generate a systematically organized catalogue of the practices that these organizations are actually implementing. In fact, I think it would be worth making an initial proposal of basic principles for orienting the organizations on this issue.

¹ WEISBAND, E. and EBRAHIM, A. Introduction: forging global accountabilities. In: EBRAHIM, A. and WEISBAND, E. Global Accountabilities: Participation, Pluralism, and Public Ethics. Cambridge University Press, 2007, p. 1.

Dans cette brève contribution, je souhaite faire quelques commentaires sur le document préparé par l’ICHRP en 2009 afin de lancer un débat en ligne sur « les principes des droits humains et la redevabilité des ONG ». J’attends avec impatience les conclusions finales de ce débat.

Redevabilité – Un concept imprécis : Je souhaiterais commencer par souligner que le concept de redevabilité a été invoqué si souvent au cours des dernières années qu’il a perdu en précision. Comme l’ont observé Ebrahim et Weisband, « la redevabilité est devenue un concept flexible et souvent nébuleux, renvoyant à des significations différentes au gré des contextes et des agendas poursuivis¹». C’est ce que ces deux auteurs appellent « la panacée de la redevabilité ». Ainsi, alors que certains observateurs emploient le terme de redevabilité pour évoquer la transparence dans l’allocation des ressources, pour d’autres le terme renvoie à l’évaluation des résultats ou au fait de devoir rendre des comptes à certains publics (internes ou externes à l’organisation). Malgré cette absence de précision, les travaux consacrés à cette question continuent de proliférer. La proposition, émise dans le document de l’ICHRP, d’aborder la notion de redevabilité « en termes relationnels » (paragraphe 24) est intéressante, mais elle ne résout pas cette question une bonne fois pour toutes, dans la mesure où elle ne définit pas en termes précis et concrets (et à l’intention de tous les publics) ce qui est entendu exactement lorsque l’on évoque la question de la redevabilité des ONG.

Spécificité des organisations de droits humains : Des versions antérieures de l’étude de l’ICHRP se référaient spécifiquement à la question de la redevabilité des « organisations de droits humains » (contrairement à l’approche adoptée dans le dernier document qui fait référence de manière plus générale à la « redevabilité des ONG »). À mon avis, cette nouvelle orientation perd en précision. Il vaut la peine de se demander (et de tenter de répondre à la question de savoir) si la redevabilité des organisations de droits humains n’est pas d’une nature quelque peu différente de celle des autres organisations de la société civile. Au moins trois questions méritent examen :
- Dans la mesure où les résultats obtenus grâce à l’action des organisations de droits humains découlent souvent de processus complexes qui impliquent plus d’une seule organisation et dépendent également de contingences d’ordre politique sur lesquelles les organisations n’ont pas de contrôle, quelle est la spécificité de l’évaluation des résultats obtenus par des organisations qui mènent des activités de plaidoyer ? – Il conviendrait tout particulièrement d’analyser la situation spécifique des organisations de droits humains travaillant dans un cadre national. Il existe, en ce cas, des mécanismes informels de redevabilité (par exemple via les médias) alors que ce n’est pas le cas lorsqu’il s’agit d’évaluer le rôle des organisations internationales. Pour autant, la plupart des travaux portant sur cette question sont consacrés aux pratiques des organisations internationales.
- Comme le souligne le document d’orientation (paragraphe 6), la spécificité même des organisations de droits humains souligne la nécessité d’éviter les généralisations. Il existe, bien entendu, des exigences minima en termes de transparence que toutes les organisations doivent respecter mais il faut également porter attention aux aspects particuliers de chaque contexte. Il est particulièrement important de prendre en compte les contraintes auxquelles les organisations de droits humains, travaillant dans des contextes politiques répressifs, sont confrontées.

La question de la relation avec les bénéficiaires: Alors que la plupart des études portant sur la redevabilité des organisations de la société civile s’interrogent principalement sur le rôle des bénéficiaires de ces organisations et sur la manière dont ces organisations interagissent avec ces derniers, la perception qu’ont les organisations de cette question est différente : en effet, elles ne considèrent pas la relation avec les bénéficiaires comme un problème. Il semble qu’aux yeux de ces organisations, la question de la relation qu’elles ont avec leurs bénéficiaires et celle des comptes qu’elles ont à leur rendre ne saurait en rien remettre en cause l’organisation elle-même. Il semble, en ce sens, y avoir un certain découplage entre les études portant sur ce sujet et les préoccupations des organisations elles-mêmes.

Les organisations souhaitent réellement améliorer leur performance, élaborer des outils les aidant effectivement à évaluer leur action, trouver des processus de gestion interne plus démocratiques, etc. Certains de ces efforts, cependant, exigent des ressources additionnelles. Tout appel visant à une plus grande redevabilité et impliquant de nouvelles exigences (en termes de ressources humaines afin de traiter les informations, de créer de nouveaux sites internet, de traduire des documents, de publier des indicateurs, etc.) doit prendre en compte cette nécessité de trouver des ressources additionnelles. Le fait d’appeler à une plus grande redevabilité sans fournir les ressources nécessaires risque de contraindre les organisations à devoir réduire leurs activités « essentielles » car elles devront réaffecter leurs ressources afin de répondre à ces nouvelles exigences.

Nécessité d’aller de l’avant : Du fait du caractère imprécis du concept de redevabilité, de la prolifération des travaux portant sur ce sujet, et étant donné que, dans le même temps, il n’existe pas d’études abordant cette question en analysant la situation spécifique des organisations des droits humains, l’ICHRP est dans une position privilégiée afin de faire progresser ce débat de manière significative. En ce sens, si l’idée d’un débat en ligne très large est stimulante, il est essentiel que le Conseil publie un rapport consacré à la question à la fin de cette discussion (comme il l’a fait sur d’autres thèmes). Ma contribution va probablement susciter des critiques mais c’est le seul moyen d’aider à faire avancer le débat.

Plus encore que de connaître l’opinion des universitaires et des spécialistes, il serait important d’examiner clairement et systématiquement la manière dont les organisations de droits humains envisagent ce débat et de chercher à savoir si celles-ci ont adopté de nouvelles pratiques qui pourraient aider les autres organisations à repenser cette question au sein de leurs propres institutions.

Ainsi, l’ICHRP pourrait apporter une contribution importante du point de vue conceptuel en proposant une définition plus précise de la redevabilité – telle qu’elle s’applique aux organisations de droits humains. L’ICHRP pourrait, dans le même temps, produire un inventaire systématique et structuré des pratiques concrètes que ces organisations mettent en œuvre actuellement. En fait, je pense qu’il serait bon d’élaborer un projet de proposition de principes de base qui pourraient orienter les organisations dans ce domaine.

¹ WEISBAND, E. et EBRAHIM, A. Introduction: forging global accountabilities. In: EBRAHIM, A. et WEISBAND, E. Global Accountabilities: Participation, Pluralism, and Public Ethics. Cambridge University Press, 2007, p. 1.