Responsabilidad de las OSC - Una contribución para las “discusiones en línea” — Ziad Abdel Samad, La Red Árabe de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo • ES • EN • FR

Las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) desempeñan un papel cada vez más importante en la formulación de políticas. Si bien estas organizaciones representan los intereses de diversos grupos de la sociedad, el papel más significativo que desempeñan respecto a la formulación de políticas plantea múltiples desafíos, sobre todo en lo que respecta a su rendición de cuentas.

El documento conceptual que y se ha distribuido tiene como objetivo iniciar la discusión sobre la responsabilidad de las organizaciones de la sociedad civil. El documento es integral y trata de forma apropiada las cuestiones principales sobre el tema. Sin embargo, es importante señalar que las organizaciones de la sociedad civil de la región árabe enfrentan una serie de desafíos adicionales que afectan su responsabilidad. En esta breve reflexión deseo abordar tres de estos desafíos:

1- La naturaleza de los Estados en la mayoría de los países árabes es autoritaria. El Estado limita el espacio de las organizaciones de la sociedad civil y las priva de algunos de los derechos fundamentales, incluido el derecho a existir de manera independiente.

Es evidente que la libertad de asociación es muy restringida y limitada, sobre todo en relación con determinados tipos de asociaciones. No obstante, a las organizaciones relacionadas con la beneficencia, la filantropía y las cuestiones sociales por lo general se les permite realizar su trabajo. Además, la libertad de expresión y el derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas están muy restringidos. Por consiguiente, las organizaciones de la sociedad civil de la región están limitadas a los proveedores de servicios que no tienen injerencia en las políticas públicas ni en los procesos de formulación de políticas.

En resumen, a las organizaciones de la sociedad civil que se les permite existir y realizar sus operaciones son las que prestan servicios y las que tienen una mayor afiliación política con el gobierno

No obstante, hay algunas organizaciones de la sociedad civil que tratan de expresar opiniones y perspectivas diferentes, así como de luchar por la defensa de los derechos humanos o de otros derechos específicos. Estas organizaciones por lo general realizan sus operaciones de manera indirecta o desde el extranjero. Si bien es cierto que estas organizaciones tienden a ocultar sus intenciones de procurar cambios políticos, esta estrategia puede de hecho producir cambios en este ámbito a largo plazo en el sentido de que se pueden llegar a obtener beneficios graduales y cada vez mayores. Sin embargo, a muchas de estas organizaciones se les señala el hecho de estar afiliadas a “agendas extranjeras” y se les cuestiona en gran medida su legitimidad debido a las connotaciones negativas asociadas con tales afiliaciones.

En efecto, el Oriente Medio enfrenta una serie de desafíos extranjeros que difieren de los desafíos clásicos o tradicionales y que suelen estar relacionados con el fenómeno de la globalización. Los habitantes de la región están luchando contra las tendencias hegemónicas de las potencias mundiales que pretenden controlar los recursos naturales de forma directa y por medio de intervenciones extranjeras, sobre todo el gas y el petróleo. Estas intervenciones tienen varias dimensiones, entre ellas la dimensión política, económica, social, cultural e incluso militar. Las ocupaciones extranjeras se deben analizar desde esta última perspectiva, ya que éstas contribuyen de manera significativa a la desestabilización de la región, al aumento de las tensiones y al deterioro de todo el contexto geopolítico.

Un aspecto que genera mayores desafíos para las organizaciones de la sociedad civil es cuando se percibe que estas organizaciones han adoptado una agenda extranjera por estar ubicadas en el exterior o por recibir apoyo extranjero. Por una parte, esta situación afecta de forma directa la credibilidad de las organizaciones entre los ciudadanos, y por otra parte, contribuye a infundir entre los ciudadanos la percepción de que tales organizaciones apoyan el programa de trabajo del gobierno.

Esta conclusión nos conduce al segundo punto que está relacionado con las fuentes de financiamiento.

2- La mayoría de las donaciones en la región se encuentran dentro del ámbito de la beneficencia (Zakat y Khoms), lo cual significa que sus beneficiarios son a menudo organizaciones proveedoras de servicios. Los beneficiarios pueden ser del sector filantrópico, de organizaciones fundamentadas en la fe, o simplemente del sector tradicional.

Es evidente que estas organizaciones de la sociedad civil no propugnan el cambio de políticas. Por lo tanto, a las organizaciones defensoras de intereses les resulta difícil obtener fondos de los donantes locales. De forma alternativa, estas organizaciones reciben financiamiento de otros donantes, sobre todo extranjeros. Por consiguiente, los gobiernos y los ciudadanos reprueban el hecho de que sus acciones giren en torno a agendas extranjeras, en particular la agenda de sus propios donantes.

El comportamiento de los donantes justifica esta percepción, sobre todo porque éstos a menudo imponen a las organizaciones la condicionalidad respecto a las políticas. Asimismo, los donantes extranjeros con frecuencia imponen sus prioridades y su propio programa de trabajo según lo que ellos consideran más relevante. En efecto, estos programas de trabajo no necesariamente satisfacen necesidades reales ni responden a los verdaderos desafíos ni a las prioridades locales.

Por lo tanto, la percepción que tienen los grupos de interés locales de las organizaciones de la sociedad civil está afectando en gran medida la credibilidad de las mismas.

3- La mayoría de las organizaciones de la sociedad civil de la región carecen de experiencia significativa. Esta situación se debe en parte a la falta de libertad, y por lo tanto, al limitado espacio que tienen para asegurar su existencia independiente, lo cual les impide acumular experiencia en su ámbito de acción. Sin embargo, esta situación también se debe a la naturaleza clásica y tradicional de las propias organizaciones. Como se mencionó anteriormente, cabe señalar que la mayoría de las organizaciones de la sociedad civil son proveedores de servicios que se desempeñan principalmente en el ámbito de la beneficencia, la filantropía y el voluntariado, lo cual significa que por lo general carecen de una estructura institucional desarrollada y pertinente. Su gestión interna depende en esencia de la buena disposición y de la intención de servir a la sociedad y de beneficiar a las personas más necesitadas. Asimismo, estas organizaciones a menudo son dirigidas por figuras públicas y líderes comunitarios, lo cual constituye uno de los factores que más contribuyen a socavar el papel que desempeñan estas organizaciones en la sociedad. Sin embargo, las buenas intenciones no generan los criterios ni las condiciones necesarias para promover el desarrollo adecuado de la capacidad institucional ni para fomentar la buena gobernanza basada en la transparencia, la responsabilidad y la rendición de cuentas.

Más importante aún es el hecho de que estos modelos de organizaciones de la sociedad civil a menudo carecen de una visión y misión propias. Cuando se prestan servicios sin procurar cambios en las políticas públicas no se remedian las causas primordiales de los problemas, sino que tan solo se consideran sus consecuencias. Estas limitaciones afectan la credibilidad y la rendición de cuentas de las organizaciones.

Las tres observaciones anteriores contribuyen a infundir la percepción en la sociedad de que las OSC carecen de legitimidad respecto a uno de los principios fundamentales de la responsabilidad, como lo es la “participación”. No obstante, esta percepción puede plantear un desafío para las organizaciones de la sociedad civil de manera que éstas reaccionen y procuren cambiar esta percepción. En medio de esta realidad, las OSC deben aumentar y mejorar las herramientas que les permita realizar procesos más amplios de consulta con sus grupos de interés y continuar luchando por tener una perspectiva autónoma y convincente, lo cual contribuiría a recuperar su autonomía y a restablecer su credibilidad.

Por consiguiente, es esencial que las organizaciones de la sociedad civil respeten los principios de la buena gobernanza, la transparencia, la autoevaluación periódica y la consulta permanente para cumplir con la rendición de cuentas y asegurar su legitimidad y credibilidad.

Asimismo, la mayoría de los regímenes de la región son muy restrictivos. Cuando deciden brindar el espacio a unas cuantas organizaciones de su propia elección, los regímenes no sólo conocen muy bien a esas organizaciones, sino que limitan la cantidad de organizaciones y les permiten actuar de una manera muy restringida y controlada. Esto significa que los gobiernos a veces inventan nuevos mecanismos para limitar la libertad y la independencia de las organizaciones de la sociedad civil, lo cual pone a estas organizaciones y a otros miembros de la sociedad civil en una situación de vulnerabilidad.

Por consiguiente, la adopción del código de ética o de conducta respectivo puede ser utilizada como medio para ejercer más presión sobre las organizaciones de la sociedad civil e imponerles más restricciones. No obstante, esta situación no significa que debamos rechazar del todo estas importantes herramientas, pero sí debe hacernos reflexionar para confirmar el hecho de que, cuando existan tales instrumentos, éstos no sean utilizados por los gobiernos como medios para restringir aún más la capacidad que tengan las organizaciones de la sociedad civil para actuar con plena libertad.

Todo parece indicar que no existe credibilidad en las organizaciones de la sociedad civil, lo cual pone en evidencia la ingente necesidad de procurar una mayor transparencia y rendición de cuentas. Las organizaciones deben reducir los riesgos y protegerse cada vez más por medio de la aplicación de buenas prácticas.

Asimismo, los organismos donantes deben respetar la independencia de las OSC locales, para lo cual deben promover las relaciones basadas en los principios fundamentales de asociación y en la igualdad de oportunidades. Si bien los donantes deben realizar auditorías para determinar la forma en que se invierten sus fondos, esto no significa que tengan derecho a interferir en la definición de los objetivos y las estrategias de las organizaciones.

Hay muchos ejemplos específicos que revelan la tendencia que tienen los donantes a intervenir en la labor de las organizaciones de la sociedad civil. Por lo tanto, resulta siempre conveniente revisar los principios, la visión y la misión de las organizaciones y velar por que éstos no se vean afectados de manera negativa por la interferencia de los donantes de manera que las organizaciones puedan satisfacer las necesidades locales con mayor eficacia.

The increasing role of Civil Society Organizations (CSOs) in affecting policy making, whilst representing the interests of various groups in society, raises many challenges, particularly with regards to their accountability.

The approach paper, already distributed, was aimed at launching the debate on CSO accountability; it is comprehensive and correctly tackles the core issues. Nevertheless, it is worth noting that CSOs in the Arab region face many additional challenges that affect their accountability. In this quick reflection, I would like to raise three of them:

1- The nature of the state in most of the Arab countries is authoritarian. It limits the space that CSOs have, and deprives them of some of their basic rights including the right to exist independently.

It is obvious that freedom of association is very restricted and highly limited, especially in relation to particular kinds of associations. Nonetheless, associations dealing with charity, philanthropy and social issues are generally allowed to carry out their work. Moreover, freedom of expression and the right to organize peaceful meetings and assemblies are strongly restricted.

Consequently CSOs in the region are limited to service providers that do not affect public policies and policy making processes.

In short, the CSOs which are allowed to exist and operate, are those which provide services and are mostly politically affiliated with the government.

Some CSOs express different views and perspectives and tend to struggle for the defense of Human Rights or of other specific rights. These CSOs generally operate from abroad or in an indirect way. They tend to hide their intentions for political change, however this strategy in fact, can potentially lead to some political changes in the long run, in that there will be a gradual and incremental benefit acquired. Many of these organizations however, are accused of being affiliated with a “foreign agenda”, and their legitimacy is highly contested because of the negative connotations associated with such affiliations.

In fact, the Middle East faces foreign challenges, different to the traditional and classical ones which are usually related to the phenomenon of globalization. People of the region are struggling against the hegemonic tendencies of the global powers which aim to directly control natural resources, particularly oil and gas, through foreign interventions. These interventions are made up of different elements, including political, economic, social, cultural and even military. Foreign occupations should be perceived in light of the latter perspective, in that they play a major role in destabilizing the region, increasing tension and deteriorating the whole geopolitical context.

What creates further challenges for CSOs, is when they are perceived as adopting a foreign agenda, if they are based abroad or with foreign support. This directly affects their credibility amongst the citizens, on the one hand, and perceived to be promoting the governments’ agenda on the other.

This conclusion leads to the second point which is related to the sources of funding.

2- Most of the donations in the region fall within the framework of Charity (Zakat and Khoms) which means that their beneficiaries are often service provider organizations. They can be from the philanthropy sector or faith based organizations or simply from the traditional sector.

Obviously, these CSO don’t advocate for policy change. Thus advocacy organizations find it difficult to receive funds from local donors. They alternatively receive funding from other donors, mainly foreigners. As a result, they are accused by the governments and the citizens of following a foreign agenda, and more specifically the agenda of their donors.

The donors’ behavior justify this impression particularly, by imposing policy conditionality. Moreover, foreign donors often impose their priorities and their own agenda according to what they believe is most relevant. In fact these agendas do not necessarily meet real needs and do not respond to genuine challenges nor to local priorities either.

Accordingly, this impression is highly affecting the credibility of CSOs, in terms of how they are perceived by their local constituencies.

3- The majority of the CSO in the region lack of a relevant experience. This is partially due to the lack of freedom thus the limited space to exist independently, which is preventing them from accumulating experiences. But it is also because of the traditional and classical nature of the organizations. It is worth noting, and like it was mentioned above, most of the CSOs are service providers basically working in charity, philanthropy and based on voluntarism. Consequently they usually lack of a developed and relevant institutional structure. Their internal governance essentially depends from the good willingness and the intention to serve the society and mainly to target those who are the most in need. They are generally headed by public figures and community leaders. This is one of the very important factors behind the weakened role of CSOs. However, good intentions are not sufficient conditions and criteria for the adoption of adequate institutional building and the good governance based on transparency, accountability and responsibility.

Most importantly, these models of CSO usually lack of proper vision and mission. Yet, the provision of services without intending to introduce public policy changes will not address the root causes of the problem, but it will only deal with their results. These limitations affect their credibility and accountability.

The three aforementioned observations generate the perception that CSOs are not legitimate, as to one of the basic principles of accountability, which is “participation”. However this can be a factor that challenges CSOs to react in order to modify this perception. While facing this reality, CSOs have to increase and improve the tools which allow for the widening of consultations with their constituencies whilst maintaining the struggle for their autonomous and convincing positions. This empowers them and facilitates the re-establishment of their credibility.

Accordingly, respecting the principles of good governance, transparency, periodic self evaluation and permanent consultation are very important steps for t CSOs’ accountability in addition to their legitimacy and credibility.

In addition, most of the regimes in the region are very restrictive. When they do provide space for those very select few organizations, which are not only well known to those regimes but limited to a certain and defined number, they are only allowed to operate in a restrictive and controlled way. This means that inventing new tools that might limit CSOs’ freedom and independence might be used by governments to restrict these CSOs and therefore places those and other members of Civil Society in vulnerable positions.

Consequently the adoption of the code of ethics or the code of conduct can be a tool to exert more pressure and restrictions on CSOs. This should not push us to reject these important tools, but this should lead us to confirm that when they exist they should not be used by the governments as tools to further constrict the ability of CSOs to operate freely.

CSO credibility is apparently lacking and thus underlines the need for greater accountability and transparency. They have to reduce risks and increasingly protect themselves by following good practices.

Moreover, donor agencies must respect the independence of domestic CSOs; hence they have to promote relations based on the core principles of partnership and equal opportunities. They have to audit, in order to track the way in which their money is being spent and used. However this should not allow them to interfere in defining the objectives and the strategies.

Some specific examples indicate the tendency of the donors to interfere, thus it is relevant to always revise the principles, visions and missions, whilst ensuring that they are not negatively affected by any interference by the donors’ so that they respond better to local needs.

Les organisations de la société civile (OSC) influent de manière croissante sur l’élaboration des politiques. Si ce phénomène permet de représenter les intérêts de divers groupes dans la société, cela soulève néanmoins de nombreux défis, notamment en ce qui concerne la redevabilité de ces OSC.

Le document d’orientation, qui a déjà été diffusé, visait à ouvrir un débat sur la redevabilité des OSC ; ce texte est exhaustif et aborde de manière adéquate les questions-clés de ce problème. Il convient cependant de noter que, dans le monde arabe, les OSC sont confrontées à des difficultés supplémentaires qui affectent leur redevabilité. Je voudrais, dans cette courte contribution, soulever trois de ces difficultés :

1- Dans la plupart des pays arabes, l’État est autoritaire. Il restreint l’espace dont bénéficient les OSC et prive celles-ci de certains de leurs droits essentiels, y compris le droit d’exister de manière indépendante.

Il est évident que la liberté d’association est fortement restreinte et très limitée, en particulier en ce qui concerne certains types d’associations. Cependant, des associations caritatives, philanthropiques ou travaillant dans le secteur social sont généralement autorisées à mener leur action. De plus, la liberté d’expression et le droit d’organiser des rencontres et des réunions pacifiques sont fortement restreints. Par conséquent, les OSC travaillant dans cette région se cantonnent à la fourniture de services, ce qui n’influe pas sur les politiques publiques et sur les processus d’élaboration des politiques.

En d’autres termes, les OSC qui sont autorisées à exister et à mener des activités sont celles qui fournissent des services et elles sont, pour la plupart, affiliées politiquement au gouvernement.

Certaines OSC expriment des opinions et des points de vue différents et cherchent à lutter pour la défense des droits humains ou d’autres droits spécifiques. Ces OSC opèrent généralement depuis l’étranger ou de manière indirecte. Elles ont tendance à ne pas afficher explicitement leur volonté d’œuvrer en faveur d’un changement politique. Malgré cela, cette stratégie peut permettre d’obtenir certains changements politiques sur le long terme dans la mesure où elle peut parvenir à favoriser des changements positifs graduels qui peuvent progressivement constituer un acquis. Un grand nombre de ces organisations sont, cependant, accusées de servir un « agenda étranger » et leur légitimité est fortement contestée en raison des connotations négatives liées à ce type d’affiliations.

En fait, le Moyen-Orient est une région qui est la cible d’intérêts étrangers et ces défis ne sont pas de même nature que les répercussions traditionnelles et classiques, qui sont généralement associés au phénomène de la mondialisation. Les populations de cette région luttent contre les tendances hégémoniques des puissances mondiales qui cherchent à prendre le contrôle direct des ressources naturelles, notamment le pétrole et le gaz, via des interventions étrangères. Ces interventions prennent différentes formes et peuvent notamment être de nature politique, économique, sociale, culturelle et même militaire. Les occupations étrangères devraient être envisagées en ce sens, dans la mesure où elles jouent un rôle majeur dans la déstabilisation de la région en contribuant à accroître les tensions et à détériorer le contexte géopolitique dans son ensemble.

Les OSC sont confrontées à des difficultés supplémentaires lorsqu’elles sont perçues comme adoptant un agenda étranger parce qu’elles sont basées à l’étranger ou qu’elles bénéficient d’un soutien venant de l’étranger. Cela porte directement atteinte à leur crédibilité aux yeux des citoyens d’une part, et contribue, d’autre part, à ce qu’elles soient perçues comme défendant des agendas gouvernementaux.

Cette conclusion nous conduit à notre deuxième point qui est lié aux sources de financement des OSC.

2- La plupart des dons effectués dans la région le sont dans le cadre d’activités caritatives (Zakat et Khoms) ce qui signifie que les bénéficiaires de ces sommes sont souvent des organisations qui fournissent des services. Ces organisations peuvent être de nature philanthropique ou religieuse ou provenir simplement du secteur traditionnel.

Ces OSC ne mènent évidemment pas d’activités de plaidoyer en faveur de changements politiques. Il est donc difficile pour les organisations de plaidoyer de trouver des financements auprès de bailleurs locaux. Elles doivent donc recueillir des financements auprès d’autres bailleurs de fonds, principalement étrangers. Par conséquent, ces organisations sont accusées par les gouvernements et les citoyens de suivre un agenda étranger et plus spécifiquement l’agenda des bailleurs.

Le comportement des bailleurs justifie cette impression, notamment parce qu’ils imposent une politique de conditionnalité. De plus, les bailleurs de fonds étrangers imposent souvent les priorités et l’agenda qu’elles estiment être les plus appropriés. En réalité, ces agendas ne correspondent pas nécessairement aux besoins réels et ne répondent pas non plus aux vraies difficultés ni aux priorités locales.

De ce fait, cette impression affecte grandement la crédibilité des OSC et la manière dont elles sont perçues au niveau local.

3- La majorité des OSC dans la région ne disposent pas d’une expérience appropriée. Cela s’explique en partie par le manque de liberté et le caractère limité de l’espace dans lequel elles peuvent agir de manière indépendante, ce qui les empêche de bâtir un acquis. Mais cette situation s’explique également par la nature traditionnelle et classique de ces organisations. Il convient de noter, comme il a été mentionné plus haut, que la plupart des OSC fournissent des services et travaillent généralement de manière bénévole dans le domaine caritatif et philanthropique. Par conséquent, elles ne disposent en général pas d’une structure suffisamment développée et adéquate. Leur gouvernance interne repose pour l’essentiel sur leur bonne volonté et leur désir de travailler au service de la société, et principalement de venir en aide aux plus démunis. Elles sont en général dirigées par des personnalités ou des responsables locaux. C’est l’un des facteurs les plus importants de l’affaiblissement du rôle joué par les OSC. En effet, les bonnes intentions ne constituent pas des conditions et des critères suffisants pour fonder adéquatement des institutions et une bonne gouvernance basées sur la transparence, la redevabilité et la responsabilité.

Surtout, ces types d’OSC n’ont en général pas de vision et de mission adéquates. Or, le fait de fournir des services sans avoir pour objectif d’amener à une modification des politiques publiques ne permet pas d’agir sur les causes profondes du problème, car cela n’en traite que les effets. Ces limites ont des répercussions sur la crédibilité et la redevabilité de ces organisations.

Les trois observations présentées plus haut nourrissent la perception selon laquelle les OSC ne sont pas légitimes, au regard de l’un des principes fondamentaux de la redevabilité, à savoir la « participation ». Cela peut cependant conduire les OSC à réagir pour modifier cette perception. Pour faire face à cette réalité, les OSC doivent utiliser davantage et perfectionner les outils permettant de consulter plus largement les publics auxquels elles s’adressent tout en s’efforçant d’avoir une position indépendante et convaincante. Cela leur donne des capacités d’action et leur permet d’asseoir et de renforcer leur crédibilité.

Par conséquent, la bonne gouvernance, la transparence, le fait de procéder à des auto-évaluations régulières et à des consultations continues sont des principes très importants à respecter pour renforcer la redevabilité des OSC ainsi que leur légitimité et leur crédibilité.

En outre, la plupart des régimes de la région exercent un contrôle extrêmement étroit sur la société. Lorsque les autorités accordent un espace d’action à un nombre très limité d’organisations – qui doivent non seulement être bien connues du régime mais sont limitées à un certain quota – celles-ci ne peuvent mener des activités que de manière restreinte et contrôlée. Cela signifie que les gouvernements peuvent utiliser de nouveaux outils susceptibles de limiter la liberté d’action et l’indépendance des OSC afin d’entraver l’action de ces OSC, ce qui place ces dernières et d’autres membres de la société civile dans une position de vulnérabilité.

Par conséquent, l’adoption de codes de déontologie ou de codes de bonne conduite peut être utilisée comme un outil pour exercer une plus forte pression sur les OSC ou restreindre encore davantage leurs actions. Cela ne devrait pas nous conduire à rejeter ces outils importants, mais à souligner que lorsqu’ils sont mis en place, ils ne devraient pas être utilisés par les gouvernements pour limiter davantage la capacité des OSC de mener leurs activités librement.

Les OSC manquent manifestement de crédibilité, ce qui met en lumière le fait qu’il est nécessaire qu’elles fassent preuve d’une plus grande redevabilité et de davantage de transparence. Elles doivent réduire les risques et se protéger davantage en suivant les bonnes pratiques.

Par ailleurs, les bailleurs de fonds doivent respecter l’indépendance des OSC nationales ; ils doivent donc promouvoir des relations fondées sur les principes fondamentaux du partenariat et de l’égalité des opportunités. Ils doivent procéder à des contrôles pour vérifier comment leurs fonds sont dépensés et utilisés. Cela ne devrait cependant pas leur donner le droit de s’immiscer dans la définition des objectifs et des stratégies des OSC.

Certains exemples spécifiques révèlent cependant la tendance qu’ont les bailleurs de fonds à s’immiscer dans ce domaine. Les OSC doivent donc revoir en permanence leurs principes, visions et missions de manière à veiller à ne pas subir l’influence négative des bailleurs et être ainsi en mesure de mieux répondre aux besoins des populations locales.